El Gobierno canario quiere dar una vuelta a la atención a menores con medidas por violencia contra los padres, un problema que aumenta en las islas hasta ocupar el cuarto lugar en el Estado con 405 casos en 2018 y con un adelanto en la edad de los agresores, que actualmente se sitúa en los 13 años. De esta manera se pronunció en comisión parlamentaria la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, quien explicó a petición del grupo Nacionalista Canario la estrategia para abordar la violencia filio-parental en las islas y al respecto dijo que "hay que darle una vuelta para que este problema tenga un enfoque integral".
Actualmente hay en Canarias ocho grupos de convivencia para menores que han ejercido este tipo de violencia y como nueva medida el Gobierno proyecta abrir una unidad en el centro de La Montañeta (Gran Canaria) más moderna, con atención personalizada y más adecuada para los usuarios. Es un asunto de gran dureza y en la mayoría de los casos representa una violencia "oculta" que sólo llega a denuncia cuando la situación es extrema y los padres "no aguantan más", observó la viceconsejera.
Subrayó también que el 65 por ciento de los casos está relacionado con violencia dirigida a las madres y consideró que las medidas de apoyo requieren de coordinación estrecha con todas las administraciones, especialmente los ayuntamientos, pero también las escuelas. Se trata de fomentar intervenciones de carácter preventivo para buscar alternativas de manera que no haya que llegar a los centros de acogida como última solución, y señaló Gemma Martínez que el aumento de la violencia filio-parental tiene que ver con el tipo de sociedad "que estamos construyendo".
Problemas sociales en Canarias
Hay además problemas de menores con adicciones y con trastorno límite de personalidad y en este último caso son las madres las que se están constituyendo en asociaciones porque no encuentran respuesta en la administración. Cristina Valido, del grupo Nacionalista Canario, pidió que la reflexión lleve a visibilizar un asunto tan grave como éste y que el Gobierno actúe sin demora, pues "el miedo de los padres solo lleva al empoderamiento del agresor"
"Abramos las puertas como hicimos con otro tipo de violencia, como la de género, y que de este tipo de maltrato en la familia se hable en el ámbito educativo, sanitario y social para poder intervenir", añadió. El diputado de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos se planteó qué puede estar fallando en la sociedad y qué puede hacer la clase política para solventar estos problemas, ya que en su opinión son datos escalofriantes en Canarias y para abordar esta cuestión hay que trabajar "muy duro".
Vidina Espino, portavoz del grupo Mixto, recordó que la Policía Canaria tiene competencias en materia de familia y Carmen Hernández, de NC, señaló que cuando algo se expresa de manera violenta en el hogar "es que algo ha fracasado". Por el grupo Popular la diputada Lorena Hernández apuntó que es un asunto "extremadamente duro" que sólo se denuncia entre un 10 y un 15 por ciento de los casos y propuso un plan de detección y prevención de la violencia familiar con el desarrollo de un servicio telefónico de atención, además de una ficha financiera global.
Al respecto la viceconsejera de Derechos Sociales aceptó esta sugerencia y se mostró partidaria de canalizar este servicio de atención telefónica a través del 012. Por el grupo Socialista la diputada Lucía Tejera sostuvo que la violencia de hijos a sus progenitores obedece a las mismas razones que la de género, el ejercicio de la fuerza en el hogar, y aunque implica un deterioro en la convivencia privada se debe actuar desde la esfera pública para revertir el impacto y promover un cambio de respuesta.