Diez años después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que permitió a los transexuales poder cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin someterse a cirugía, el colectivo LGTB (siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales) reclama una norma integral que cubra todos sus derechos y acabe de una vez con la discriminación.
Este colectivo ha reivindicado la importancia que tuvo aquella ley "pionera y referente mundial", si bien nació "mutilada" al dejar fuera a los menores o los extranjeros.
Esta ley también abrió las puertas a las normas autonómicas que vinieron después, desde Navarra en 2009 hasta Madrid en 2016, y que supuso que los trans pudieran cambiar de nombre en un folio nuevo (y no con anotaciones al margen) o la eliminación del requisito de pasar por quirófano para poder hacerlo.
Sin embargo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) afirma que hacen falta más modificaciones como eliminar la introducción de plazos o la exigencia de una acreditación por parte de un médico de que la persona sufría "disforia" de género.
La presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, Mar Cambrollé, ha recalcado que "esa ley vino a satisfacer la desazón y la gravedad de vivir toda una vida sin identidad legal".
No todo han sido aspectos positivios, pues posteriormente "ha sido una ley para no recordar por sus muchos sinsabores", ya que, los ha tratado como si "estuviesen afectados por una patología e incluso nos ha convertido en sospechosos de sufrir una enfermedad mental", ha asegurado Cambrollé.
Esa ley vino a satisfacer la desazón y la gravedad de vivir toda una vida sin identidad legal
Ambos colectivos exigen una ley integral que ofrezca "respuestas específicas a la situación de vulneración" en la que viven miles de transexuales en los ámbitos educativo, laboral o sanitario, entre otros, y que repare "el daño histórico y sistemático" que han sufrido los transexuales.
La falta de una ley estatal, asegura este colectivo, fomenta su discriminación dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida, algo que "entra en conflicto con la propia Constitución", destaca Cambrollé.
Por eso, aunque comparten el contenido, ven insuficiente la proposición de ley que el PSOE registró el pasado febrero para reformar la Ley de Identidad de Género, en la que plantea la eliminación de cualquier requisito médico o que los menores transexuales de 16 años puedan modificar en el registro civil la referencia a su nombre y su sexo, al igual que los inmigrantes.
Consideran que no deja de ser una reforma de una ley del Registro Civil, y lo que hace falta es una normativa de carácter nacional que incluya la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género.
Borrador de ley
La Felgtb presentó el año pasado su propio borrador de ley integral contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género para acabar con "siglos de estigma" y alcanzar la igualdad real y efectiva de este colectivo, que aún hoy sigue siendo víctima de agresiones y otros delitos de odio.
El borrador, que incluye medidas en el ámbito laboral, sanitario, familiar, educativo o de la administración de justicia, a la vez que aborda la violencia intragénero, el derecho de asilo, la cooperación internacional, las Fuerzas Armadas o la intersexualidad, está siendo actualmente negociada con todos los grupos parlamentarios.
Este colectivo ha reivindicado la importancia que tuvo aquella ley "pionera y referente mundial", si bien nació "mutilada" al dejar fuera a los menores o los extranjeros.
Esta ley también abrió las puertas a las normas autonómicas que vinieron después, desde Navarra en 2009 hasta Madrid en 2016, y que supuso que los trans pudieran cambiar de nombre en un folio nuevo (y no con anotaciones al margen) o la eliminación del requisito de pasar por quirófano para poder hacerlo.
Sin embargo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) afirma que hacen falta más modificaciones como eliminar la introducción de plazos o la exigencia de una acreditación por parte de un médico de que la persona sufría "disforia" de género.
La presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, Mar Cambrollé, ha recalcado que "esa ley vino a satisfacer la desazón y la gravedad de vivir toda una vida sin identidad legal".
No todo han sido aspectos positivios, pues posteriormente "ha sido una ley para no recordar por sus muchos sinsabores", ya que, los ha tratado como si "estuviesen afectados por una patología e incluso nos ha convertido en sospechosos de sufrir una enfermedad mental", ha asegurado Cambrollé.
La falta de una ley estatal, asegura este colectivo, fomenta su discriminación dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida, algo que "entra en conflicto con la propia Constitución", destaca Cambrollé.
Por eso, aunque comparten el contenido, ven insuficiente la proposición de ley que el PSOE registró el pasado febrero para reformar la Ley de Identidad de Género, en la que plantea la eliminación de cualquier requisito médico o que los menores transexuales de 16 años puedan modificar en el registro civil la referencia a su nombre y su sexo, al igual que los inmigrantes.
Consideran que no deja de ser una reforma de una ley del Registro Civil, y lo que hace falta es una normativa de carácter nacional que incluya la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género.
Borrador de ley
La Felgtb presentó el año pasado su propio borrador de ley integral contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género para acabar con "siglos de estigma" y alcanzar la igualdad real y efectiva de este colectivo, que aún hoy sigue siendo víctima de agresiones y otros delitos de odio.
El borrador, que incluye medidas en el ámbito laboral, sanitario, familiar, educativo o de la administración de justicia, a la vez que aborda la violencia intragénero, el derecho de asilo, la cooperación internacional, las Fuerzas Armadas o la intersexualidad, está siendo actualmente negociada con todos los grupos parlamentarios.