Anulada la grabación que destapó el Caso Unión

El juez Salvador Alba ha anulado la grabación que destapó hace nueve años el "caso Unión", la trama de presunta corrupción en la concesión de licencias y contratos por parte de las administraciones de Lanzarote que acabó salpicando a numerosos políticos, funcionarios y empresarios.

El 5 de junio de 2008, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), grabó al empresario Carlos Becerra ofreciéndole un soborno en nombre, presuntamente, del también empresario y abogado Luis Lleó, a cambio de su mediación para que se desbloquease una licencia de construcción de un millar de viviendas en Playa Blanca (Yaiza).

Espino grabó esa conversación con Becerra dos semanas después de haber acudido a la Guardia Civil a denunciar que una serie de empresarios le estaban intentado sobornar para favorecer a una determinada promoción urbanística en el sur de Lanzarote, cuya licencia municipal estaba paralizada porque el Cabildo había suspendido la concesión de ese tipo de permisos en suelos turísticos o que no estuvieran adaptados a las nuevas leyes del territorio.

La denuncia del consejero socialista dio lugar a una investigación que fue revelando nuevos casos de posible corrupción en la isla, algunos de ellos ya juzgados y sentenciados.

Sin embargo, la pieza que dio origen a todo el caso acaba de sufrir un relevante giro como consecuencia del paso inmediatamente anterior al juicio: la vista en la que se analizan las cuestiones previas planteadas por las partes, según adelanta hoy "Canarias 7".

En calidad del juez designado para presidir el juicio ante jurado por estos hechos, Salvador Alba ha aceptado parcialmente las cuestiones previas planteadas por Luis Lleó, entre otras, las que cuestionaban la validez de la grabación que hizo Espino a Becerra.

Este magistrado de la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas resuelve que esa grabación no será tenida en cuenta, porque considera que fue realizada "de forma preordenada a la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía que se podía cometer".

Hecha "
de forma subrepticia y teledirigida"
Aunque la grabación la realizara uno de los partícipes en la conversación, el propio Espino, Alba considera que no constituye una prueba válida, porque se hizo "de forma subrepticia y teledirigida, no de forma espontánea" y porque, además, entiende que no se ha aportado el sonido íntegro, sino una versión editada "con cortes". 

Al considerar nula esa grabación, el magistrado también niega validez a otras tres de audio y vídeo realizadas en los seis meses posteriores para documentar las reuniones que mantenían el consejero del Cabildo y el intermediario que supuestamente quería comprarle.

En este procedimiento, la Fiscalía de Canarias ha pedido seis años de cárcel para Luis Lleón por cohecho y un año y medio por el mismo delito a Carlos Becerra, al que reconoce como atenuante haber confesado su colaboración en ese presunto intento de compra de voluntades políticas y haber colaborado en la instrucción del caso.

El juez que ha tomado esta decisión tiene abierta una causa penal en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que el Ministerio Fiscal le acusa de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros cargos, porque considera que intentó orientar una declaración judicial para perjudicar a una colega de profesión, la juez Victoria Rosell.

En ese caso, la principal prueba de cargo es también una grabación hecha sin control judicial, pero por una de las personas que participan en la conversación, el empresario Miguel Ángel Ramírez, por lo que el TSJC ha aceptado que se una a la causa. 
Reacción de Victoria Rosell

La juez Victoria Rosell ha tachado hoy de "escándalo" que el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba haya anulado las grabaciones que el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (PSOE) hizo hace nueve años a los empresarios que pretendieron sobornarle.


Salvador Alba
, que presidirá el juicio ante Jurado por esos hechos, sostiene que Carlos Espino no hizo esa grabación de forma espontánea, sino como "evidente intermediario de la Guardia Civil" y sin control judicial alguno, lo que la invalida como prueba.

En esa grabación se escucha al empresario Fernando Becerra intentando sobornar al entonces consejo de Política Territorial del Cabildo en nombre, supuestamente, del abogado Luis Lleó, con el fin de que les ayude a desbloquear una licencia de construcción de un millar de viviendas en Playa Blanca que había sido paralizada.

"Es evidente que tanto la conversación como la grabación de la misma se provocó, lo que la inhabilita como prueba en este proceso", razona Alba en una auto publicado hoy respecto a la grabación que destapó el "caso Unión", la trama de corrupción más importante de Lanzarote, que ha acabado salpicando a políticos, funcionarios y empresarios, algunos en casos ya juzgados y sentenciados.

A través de su cuenta en Twitter, la juez de Las Palmas de Gran Canaria y exdiputada de Podemos Victoria Rosell no ha dudado en calificar esa decisión de Salvador Alba de "ESCÁNDALO" (en mayúsculas en el original).

Rosell subraya que el empresario Fernando Becerra acabó confesando durante la instrucción su participación en el intento de soborno que se escucha en esos audios ahora anulados por Salvador Alba, al que describe como un juez "imputado por corrupción".

"Pero Alba los anula la grabación como intenta anular la suya", añade la exdiputada de Podemos, en alusión a la causa por prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra ese mismo magistrado por un asunto que a ella le afecta de forma directa.

Esa causa se basa, de hecho, en otra grabación, la que el empresario Miguel Ángel Ramírez le hizo al juez Salvador Alba mientras le daba instrucciones, supuestamente, sobre lo que tenía que declarar de manera oficial ante él para perjudicar a Rosell, entonces diputada, a cambio de posibles beneficios procesales. 

Salvador Alba ha impugnado la validez de esa grabación, pero la Sala de lo Penal del TSJC ha decidido incorporarla a la causa como prueba legítima.