Una ley en defensa de los afectados por desahucios

Una media de cuatro familias al día son víctimas de desahucios por
órdenes judiciales de lanzamiento en el Archipiélago, un número "muy importante" según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Canarias, quienes reiteran que estos casos "no solo no se han reducido, sino que incluso se han incrementado", matiza la representante de Stop Desahucios en Gran Canaria, Elena Suárez.

Ante esta situación y las cifras de más de 500.000 desahucios ejecutados en todo el territorio nacional desde que comenzó la crisis económica, la Plataforma se suma a la campaña nacional por una Ley de Vivienda con el objetivo
de que el Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios se posicionen a
favor de su propuesta legal para "poner fin a los desahucios y poner
unas bases para garantizar el derecho real a una vivienda digna", asegura su portavoz, Elvira García.

En consecuencia, piden al Congreso que legisle cinco propuestas para terminar con los
166 desahucios diarios a nivel estatal:

  1. Dación en pago retroactiva, y eliminación y compensación por cláusulas abusivas.
  2. Alquiler asequible, para garantizar estabilidad y precios adecuados.
  3. Stop Desahucios, para que no haya ni un solo desahucio más.
  4. Vivienda social, para realojar familias en pisos vacíos en manos de la banca.
  5. Suministros básicos garantizados, para que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas.

En un mes volverán a reunirse con los grupos parlamentarios para que confirmen su apoyo a un texto de ley que "ponga fin a la situación de emergencia habitacional que miles de familias están viviendo cada día en sus casas”, subrayan.

Los protagonistas te lo explican:
  Portavoz de Stop Desahucios en Las Palmas de Gran Canaria, Elena Suárez.

Portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Canarias, Elvira García.
Con la Ley de Vivienda de la PAH, interpelarán a todos los grupos, tanto a los que se comprometieron con la ILP hipotecaria 2013 como al que se opuso, así como" a los que dijeron que se comprometían, ante el recurso al TC, a extender a todo el estado los derechos que nuestra ley 24/2015 confería. Les vamos a interpelar para que reafirmen, ahora sí, que están a favor de la ciudadanía y por el derecho a la vivienda y para que lo que muchos partidos políticos defienden a nivel autonómico se haga realidad en todo el territorio. También interpelaremos al PP, que ha legislado y actuado para mantener los privilegios de la banca en detrimento de los derechos de todas, porque nuestros derechos están por encima de los beneficios de la banca".

En suma, van a buscar posicionamiento público de ayuntamientos, parlamentos autonómicos y colectivos "a favor de que se legislen nuestras demandas". "En la PAH llevamos ocho años demostrando que parar desahucios era más que posible". A su vez, añaden que "legislar leyes a favor de las familias es sólo cuestión de voluntad política".

"Los grupos parlamentarios deben escuchar los reclamos de la ciudadanía y legislar para proteger y hacer cumplir los Derechos Humanos", insisten desde la Plataforma. "Es la hora de que por fin, las demandas de la ciudadanía entren al Congreso, y sean aprobadas para que nunca más ninguna familia se quede en la calle".

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Personas desalojadas o con orden de desalojo en España con menores a cargo | PAHC

En este momento. aunque el el Gobierno regional impide que estas situaciones se produzcan sin un hogar alternativo, cuando los afectados ni acuden al Ejecutivo ni tampoco a tiempo a este colectivo, hay bancos que siguen adelante con el procedimiento, mientras que cuando el asunto salta a la opinión pública, muchos lo suspenden. Desde la plataforma insisten en que la vivienda es “un derecho y no una mercancía”.

“Si tuviéramos políticas de vivienda valientes, que antepusieran los derechos de las familias ante la especulación, no estaríamos en estas situaciones y ante el ataque sistemático a derechos fundamentales. La ilegalidad de la ley hipotecaria española ya fue dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, ahora toca actuar”.

Desahucios del Archipiélago en datos

Los juzgados de Canarias ordenaron el año pasado más de 1.600 desahucios por impago de deudas hipotecarias, lo que implica un descenso de más del 15 por ciento con respecto al anterior,  según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El año pasado las ejecuciones hipotecarias, que son el paso previo al desahucio, disminuyeron más de un 30 por ciento en el Archipiélago, hasta alcanzar los poco más de 2.000 casos, la cifra más baja desde el inicio de la recesión económica. También bajaron en Canarias los desahucios por impagos del alquiler, en concreto un 10,6 %, (1.900 casos).

En el conjunto de España, el número total de desahucios practicados en 2016 fue de 63.037, lo que implica una reducción de un 6,4% . Más de la mitad de los desahucios fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que casi un 42% se produjeron tras una ejecución hipotecaria.

Los procesos iniciados por impago del alquiler experimentaron una disminución del 4,2% el pasado año, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 9,7%.

Por comunidades autónomas, Cataluña -con 14.069, el 22,3% del total nacional- fue donde se practicaron el año pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia, con 9.635.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, que suman la cifra más baja desde 2008, La Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades en las que no se registró un descenso el año pasado, con incrementos del 9% y del 5,6%, respectivamente. En Galicia se redujeron un 39,2%, en Navarra, un 38,8%, y por encima del 30% en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.