Manifestación contra la violencia de género en Uruguay | EFE

Uruguay inaugura una nueva Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género

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hospiten1350oct2020

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El Ministerio del Interior de Uruguay inauguró este miércoles una nueva oficina de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género, que está ubicada en el departamento de Tacuarembó (norte-centro del país).

Durante una conferencia de prensa, el titular de esa cartera, Jorge Larrañaga, destacó que con la Ley de Urgente Consideración, proyecto estrella del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, se aprobó la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género dentro de su ministerio, por lo que va a estar trabajando "en esa línea".

Asimismo, Larrañaga aprovechó la ocasión para anunciar algunas cifras referidas a los delitos en ese departamento del país sudamericano y, en ese sentido, destacó que los casos de violencia machista desde el 1 de marzo a la fecha disminuyeron un 7,5 % respecto a igual período del año pasado.

Por otro lado, Larrañaga contó que el Poder Ejecutivo hizo un "enorme esfuerzo en la adquisición de 500 nuevas tobilleras que asisten a esta política para, de esa forma, procurar evitar en una acción sostenida y muy firme en el tiempo".

Un día antes, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, se reunió con los diputados de la coalición oficialista para "darle prioridad" a las partidas presupuestarias que permitan el cumplimiento de la Ley Integral de Violencia de Género, aprobada en 2017.

"Esta ley viene del periodo anterior y, pese a estar vigentes, no se cumplían con las partidas presupuestales. En este sentido, no pudo aplicarse a nivel nacional. Para nosotras es una preocupación que hemos manifestado públicamente", señaló Argimón en rueda de prensa posterior a la reunión.

Además, recordó que, aunque ya hubo una adjudicación de dinero para la compra de tobilleras electrónicas, todavía quedan por resolver cuestiones relacionadas a la adaptación de inmuebles y crear juzgados con "más equipos técnicos".

Para la vicepresidenta es una buena señal que el Gobierno uruguayo, en un contexto de crisis sanitaria por la COVID-19 y con una alta deuda estatal, ratifique su intención de cumplir con los requisitos necesarios para llevar a la práctica esta ley que, hasta ahora, no ha podido aplicarse en su totalidad por la falta de recursos.

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