La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a ocho personas en Barcelona en una operación conjunta que ha permitido desarticular una red que ofrecía por internet mascarillas y test de la COVID-19 a bajo precio y que ha estafado unos 175.000 euros a 84 clientes.
Según han informado hoy ambos cuerpos, la red contaba con la infraestructura y los conocimientos necesarios para crear páginas web de gran calidad con las que obtenían un posicionamiento preferente en los buscadores de internet, lo que facilitaba el engaño a los potenciales clientes.
Los ocho detenidos, todos ellos de nacionalidad española, lograron estafar a un total de 84 víctimas ofreciendo un descuento de hasta el 60 % en productos para prevenir el contagio del coronavirus, pero también patinetes eléctricos y generadores, por lo que se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal y estafa.
Lograron estafar a un total de 84 víctimas ofreciendo un descuento de hasta el 60 % en productos para prevenir el contagio del coronavirus, pero también patinetes eléctricos y generadores
La investigación se inició al detectar numerosas denuncias por toda España de estafas en la venta de diversos productos en conocidos portales de internet, ante lo que se creó un equipo conjunto de investigación entre agentes del grupo de delincuencia patrimonio-económica de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Barcelona y del grupo II de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional.
La red utilizaba una potente infraestructura y se aprovechaba de los conocimientos informáticos de sus integrantes para crear páginas web de alta calidad para atraer a las víctimas y desde las que facilitaban el pago de los productos que ofrecían, a través de tarjetas bancarias o transferencias. Una vez realizado el ingreso por parte de las víctimas, el producto no llegaba a su destinatario en un alto porcentaje de los casos.
Cuando los compradores reclamaban su producto, la red alegaba problemas de almacenamiento, logística o de incumplimiento de plazos por parte de proveedores y administrativos, para prolongar el período de reclamación.
Según la Policía y la Guardia Civil, únicamente cuando la red tenía conocimiento de que se había presentado algún tipo de denuncia contactaban con las víctimas para devolverles el dinero abonado. De esta manera evitaban la actuación de la justicia presentando los justificantes de la devolución del dinero al comprador, provocando de esta manera el sobreseimiento de las actuaciones.