La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha introducido en el proyecto de derribo del Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) la obligatoriedad de contratar a una empresa especializada en el trataamiento de amianto, material clasificado como cancerígeno. Esa resolución contradice a la propia administración pública, que en verano de 2022 aseguraba que no se había detectado asbesto en un informe firmado por Conrado Domínguez —ex director del Servicio Canario de la Salud (SCS)—.
"Durante la toma de datos para llevar a cabo la redacción del proyecto de demolición no se ha detectado ningún elemento que pudiera contener fibrocemento, asbesto o amianto", explica un documento del SCS fechado el 9 de septiembre del año pasado.
Incluido en el presupuesto
"Sin embargo", añade el informe, "debido al año de construcción del inmueble y los material empleados por entonces, se ha previsto que pudiera existir oculto algún elemento de asbesto, por lo que en el presupuesto de la obra se ha incluido una partida para la retirada de cualquier material que pudiera contener asbesto".
El parte firmado por Conrado Domínguez apuntaba, además, que "a día de hoy no se tiene constancia de la presencia de elementos de asbesto, es por ello que no se ha notificado al Comité de Seguridad y Salud".
Desmontaje
El pliego para la adjudicación del cerribo del CULP ahora, cinco meses después, sí incluye dos desmontajes relacionados con el amianto: uno en una superficie de 250 metros cuadrados y otro para eliminar la cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sobre correa estructural a menos de 20 metros de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 metros cuadrados.
El informe del SCS no es el único que el año pasado ignoraba la presencia de amianto en el CLULP. A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), antigua inquilina del edificio —se utilizó durante décadas para impartir clases de Medicina y Enfermería en sus dependencias—, no le constaba y así lo expresaba en un documento del 11 de julio de 2022 firmado por Roberto Moreno en calidad de gerente: "no constan datos sobre los materiales utilizados en la construcción del edificio CULP" y "no consta denuncia ni comunicación de incidencias respecto la presencia del amianto en el edificio CULP".
Tampoco el Cabildo de Gran Canaria, propietario de la instalación, contaba con la presencia de asbesto en el CULP. "Examinado el expediente", según un escrito del 26 de julio firmado por Rita Bethencourt —jefa del servicio de Patrimonio de la corporación insular—, "no consta ni en la construcción de 1977 ni en posteriores alteraciones realizadas el año 1982 que se haya utilizado amianto o estructura alguna que pudiera contenerlo, pudiendo solicitar si lo precisa certificaciones de obra donde constan materiales utilizados por parte de este Servicio previa cita".
Aliviar el servicio de Urgencias
Las instalaciones del CULP fueron cedidas gratuitamente en 2019 por el Cabildo de Gran Canaria a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para ampliar el servicio de Urgencias del Hospital Insular y mejorar otros servicios del complejos sanitario.La obra se licitó en noviembre de 2022 con un presupuesto de 36,7 millones de euros.
El descubrimiento de un centro transformador en el sótano del CULP que no estaba contemplado en el proyecto de derribo y que los técnicos del el Servicio de Infraestructuras del SCS aconsejan conservar, ha obligado a modificar el proyecto técnico de demolición y ha retrasado una obra clave para aliviar el colapso de las Urgencias del Insular.