El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha pasado la pelota al Gobierno de Canarias para tomar medidas de emergencia energética que puedan evitar futuros apagones como el que sufrió La Gomera este verano. Tanto las temporales como las que se implanten en el Archipiélago, mientras que el el Ejecutivo central solo es responsable "de autorizar la cobertura de costes con cargo al sistema eléctrico".
La Cartera que dirige en funciones la socialista Teresa Ribera se ha pronunciado sobre este asunto después de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, haya urgido a la Administración a evitar que las Islas sufran en 2024 un déficit energético de 300 megavatios.
Una necesidad constatada
El Ministerio admite que en 2021 Red Eléctrica (REE) constató la necesidad de incrementar la potencia eléctrica instalada en Canarias y asegura que, desde entonces, este departamento, junto al Gobierno autonómico, "ha procurado ofrecer respuestas coherentes con las inquietudes expresadas por los canarios, buscando las soluciones más efectivas a una situación que reviste una gran complejidad, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico".
Con ese objetivo "ha respondido siempre a todas y cada una de las peticiones de reunión de la Consejería y ha mantenido múltiples conversaciones telefónicas en distintos niveles de decisión con los responsables autonómicos", de forma que "en 2021 se celebraron tres reuniones, en 2022 otras dos y cuatro durante este 2023".
"Un contacto constante"
Además, asegura que "ha mantenido un contacto constante para toda clase de asuntos ordinarios y extraordinarios en las áreas de su competencia, aportando soluciones a las autoridades canarias", una interlocución en la que "constató que las propuestas planteadas por el Ejecutivo canario sobre potencia eléctrica no eran jurídicamente viables", lo que se "transmitió y explicó a la Consejería proponente", afirma el comunicado.
Mantiene que "ha tomado las medidas para garantizar el suministro eléctrico a los ciudadanos canarios, respetando las garantías jurídicas y el marco regulatorio acordado con Europa". El Ministerio recalca que cualquier actuación al margen del marco regulatorio aprobado por la Comisión exige un nuevo procedimiento de autorización según la normativa sobre ayudas de Estado.