El juicio contra el empresario Miguel Ángel Ramírez ha comenzado a celebrarse este martes en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. A la llegada de Ramírez le estaba esperando una manifestación alentada por Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que ejerce la acusación particular.
La jornada fue larga, muy larga. Casi cinco horas y media de juicio donde lo más relevante fue la pugna entre las defensas, que pidieron la nulidad del proceso durante las cuestiones previas y la Fiscalía y la Abogacía del Estado que solicitaron la desestimación de las mismas.
Nazis
El magistrado Miguel Ángel Parramón decidió, tras un breve receso, que las cuestiones previas serán resueltas en la sentencia. A continuación comenzaron a declarar como testigos exempleados de la empresa de Ramírez Seguridad Integral Canaria (SIC). El primero de ellos, Claudio Ferrer, dejó a toda la sala con la boca abierta. "Eso funcionaba como en la época de los nazis, ellos son los que mandan y te sacan el pellejo. O te ibas por tu propio pie o mueres reventado en el servicio”, aseguró.
Con puntualidad inglesa había comenzado la primera jornada de este juicio. En su intervención inaugural, a fiscal Evangelina Ríos plantea la recusación de la magistrada Mónica Herreras, pero no prosperó. A continuación, el sindicato USO renunció a la responsabilidad penal sobre SIC, ya que no interesaba después de su extinción, pero sí pidió mantener la responsabilidad civil.
Alba
Y llegó el turno del abogado estrella, José Antonio Choclán que defiende a Ramírez. “No hubo una ampliación formal del procedimiento, que en un primer momento se reducía a los ejercicios 2008 y 2009; no se respetó la garantía previa de que el investigado debía ser informado de las variaciones del objeto del procedimiento”, afirmó el también magistrado.
Para Choclán el proceso está viciado por el exjuez Salvador Alba. “Tomó posesión el 3 de noviembre de 2015 y ese mismo día citó a declarar a los imputados para el 30 de noviembre”, apuntó. A Choclán le resulta increíble que Alba pudiera haberse enterado en tan poco tiempo de lo que tenía entre manos. Por ello, porque no aprecia un delito contra la Seguridad Social y porque los delitos fueron imputados tardíamente, pidió la nulidad. Evangelina Ríos, la fiscal, intentó desmontar el argumentario de las defensas y solicitó la desestimación de las cuestiones previas.
Exceso de horas
Pasadas las 14 horas (el juicio comenzó a las 10), declaró el primer testigo. Claudio Ferrer, explicó los problemas que, supuestamente, tenían con las horas extra. "Hasta que no exigías un cuadrante por escrito y te ponías en tu sitio la calidad de vida era cero". "Ahí hacías horas extras obligadas sí o sí, las quisieras o no", apostilló. Él prestó servicio de vigilante en la cárcel de menores, hospitales, centros de salud, estadios… "Al principio lo hacía todo en la capital y cuando empecé a exigir mis derechos iba a donde ellos le parecieran. No me pagaba el desplazamiento", sentenció.
"Eso funcionaba como en la época de los nazis, ellos son los que mandan y te sacan el pellejo. O te ibas por tu propio pie o mueres reventado en el servicio. Era como el partido nazi, era sistemático todo. Reclamé el pago de dietas y se me daban largas", manifestó. Añadió que cuando trataba de reclamarlo le respondían que "eso es lo que hay, si te interesa bien y si no la puerta”.
Exempleado de Miguel Ángel Ramírez en el juicio / ATLÁNTICO HOY - G. DÍAZ MEDINA
Los siguientes testigos, algunos de ellos ya mayores y con algunos fallos de memoria, coincidieron en sus declaraciones. “Se trabajaba en cualquier lugar de la isla y podías hacer más de doscientas horas al mes”.
21 años de cárcel
El empresario y presidente de la UD Las Palmas fue denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO) acusan a Ramírez y a Héctor de Armas de recurrir de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas sustituyó al empresario en el cargo de administrador único en 2011. Sin embargo, Ramírez con el 91,4% de las acciones de la empresa, presuntamente la seguía gestionando.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La Fiscalía acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y pide la pena total de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.