El Senado ha pedido este miércoles una distribución solidaria de los inmigrantes que llegan a Canarias entre los distintos centros de acogida de la Península, así como que se incluya la política migratoria en el orden del día de la Conferencia de Presidentes del próximo 26 de octubre.
A instancias del senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo, expresidente de Canarias, el Pleno de la Cámara Alta ha dado su respaldo a una moción que ha incorporado al texto inicial las aportaciones de otros grupos y que, en espera de la votación, ha sido respaldada por la práctica totalidad de los mismos.
Abandono a Canarias
Hasta el PP la ha suscrito y eso que su portavoz en el debate, Sergio Ramos, ha sido el más crítico y ha aprovechado su intervención para arremeter contra el Gobierno socialista porque, en su opinión, "ha abandonado a Canarias", una comunidad que "no necesita limosnas, sino respeto".Y ha comparado el último año completo gobernado por el PP, 2017, cuando llegaron 470 migrantes a las costas del archipiélago, con las 6.000 que ya van este año. Solo el pasado mes de septiembre, ha dicho, se han contabilizado 2.148 personas, una cifra "desconocida" incluso en el periodo 2006-2008 en una de las mayores oleadas de llegadas irregulares.
"Han perdido la vergüenza absolutamente", ha enfatizado Ramos, quien, no obstante, ha respaldado el texto, no sin antes dejar claro que su partido "no le faltará el respeto" a Canarias.
Tampoco Clavijo se ha mostrado satisfecho con la actuación del Gobierno central ante la llegada de pateras a las islas, un territorio "alejado y fragmentado" que está sufriendo "mucha presión" migratoria.
Coordinación entre administraciones
El texto acordado por los grupos Socialista, Popular, Vasco, Ciudadanos y Nacionalista, cuenta con quince puntos, el primero de los cuales insta al Gobierno a crear un comité para "reforzar la coordinación entre todas las administraciones en atención a la situación migratoria que se vive en Canarias".
Asimismo, solicita más medios personales y materiales para reforzar el control de fronteras y vigilancia de las costas canarias, además de dar al Ejecutivo un plazo máximo de seis meses para que quede instalado en Lanzarote el radar del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que desde hace dos años y medio está pendiente de ubicación.
Durante el debate, algunos senadores, como Sara Vilà, de Podemos, o Ana María Sura, de EH-Bildu, han reiterado su posición a favor del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).