Los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 944 personas en lo que va de 2019, un año en el que, seguramente, no se logrará reducir el millar de muertos. Para saber cómo actuar desde el minuto uno después del siniestro sale a la luz un manual gratuito que ofrece paso a paso numerosas recomendaciones.
Como entidad de apoyo a los perjudicados por secuelas sufridas al volante, que conmemoran este domingo el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, la Asociación DIA ha elaborado la Guía integral para la atención de víctimas de accidentes en colaboración con la Dirección General de Tráfico.
Las peticiones de los afectados aumentan, mientras que desde este tipo de organizaciones reclaman al Estado incrementar las ayudas tanto económicas como psicológicas para los supervivientes y los profesionales que les prestan asistencia.
El presidente de la Asociación DIA, Francisco Canes, explica en una conversación con Efe que tras un accidente de tráfico surgen infinidad de dudas "tan amplias y complejas" que este documento, actualizado durante más de una década, puede servir de ayuda para cualquier persona que tenga contacto con una víctima. Canes sitúa entre los casos más graves el de la pérdida de un ser querido, cuando los familiares dejan a un lado cómo se produjo el siniestro y entran a trabajar sanitarios, cuerpos de seguridad y abogados.
A modo de manual, la guía aconseja sobre prevención, primeros auxilios, valoración de daños, solicitud de indemnizaciones o sobre el modo de reclamar ante la justicia una compensación económica mayor a la establecida por ley si no se ajusta a las necesidades del afectado para llevar una vida normal.
1: Llamar al 1-1-2
"Si la emergencia es vital, en primer lugar se debe llamar al 112", subraya Canes.
2: Si se trata de un suceso menor, tomar datos del lugar donde ha ocurrido el accidente a fin de facilitar sus causas
Estas anotaciones "in situ" sirven para poder identificar, por ejemplo, a un vehículo que haya decidido darse a la fuga tras un atropello, una situación en la que conviene "tomar nota rápidamente", en escasos segundos, "si se ha visto la matrícula".
A propósito de la veracidad de los datos que se hayan podido anotar durante la conocida como "fase aguda", normalmente bajo un choque emocional, el responsable de DIA matiza que es tarea de las fuerzas de seguridad otorgarles validez.
3: comunicar el accidente a la aseguradora
El paso siguiente es comunicar el accidente a la aseguradora en el plazo máximo de siete días, un periodo "más que razonable" a juicio de Canes, que avisa de que "la compañía podría empezar a poner problemas para hacerse cargo" de las costas del seguro de haber informado más tarde. En todo caso, "habría que pelearlo".
4: ¿Y si nadie asume la culpa en un siniestro que implica a varios vehículos?
"Siempre que se pueda" y "no haya seguro o no se pueda identificar" al responsable, Canes aclara que el Consorcio de Compensación de Seguros es el que asume el pago de la indemnización en su papel de institución pública para casos fuera de lo común. Será el juez el que determine quién es el culpable según el atestado policial y las pruebas, aunque existe la posibilidad de acordar una responsabilidad compartida, ya que "es difícil que se llegue a un acuerdo perjudicial" para una de las partes.
También se suman ahora las nuevas formas de relación, que reivindican las mismas condiciones. Las parejas de hecho o los hijos que son solo de uno de los miembros de la pareja chocan con la restricción de los cinco años requeridos de convivencia previa.
5: La compañía de seguros cuenta con tres meses para ejecutar el pago
Si bien puede adelantarse sin haber alcanzando previamente un pacto con su cliente mediante el depósito en un juzgado de una cantidad inicial que luego tendrá que ser concretada al completo con el demandante.
En este sentido, Canes tacha de "bastante ridículo" el baremo para los costes de movilidad que la normativa sitúa en 60.000 euros para las víctimas que a raíz de un accidente vean necesario adaptar un automóvil para el transporte o directamente tener que comprarlo.
A su juicio, en la mayoría de los casos ese límite está por debajo de las necesidades de la víctima ya que no contempla todas las ayudas, sobre todo porque con ese dinero es difícil atraer la atención de asistente y obligan a la familia a perder autonomía. "Son gente que necesita asistencia 24 horas al día para levantarse, acostarse, asearse, ir al baño... Que tiene muchas dificultades", apostilla.
Por ello, desde la asociación exigen adecuar las indemnizaciones a la subida del IPC, en contra del criterio actual, que lo hace al 0,25 por ciento, al igual que las pensiones.
"Se parte -señala Canes- de unas cantidades ya exiguas de por sí para el daño y perjuicio real que se sufre. Nos marcan el 0,25 de las pensiones, pero no tiene nada que ver".