Más estabilidad financiera para las organizaciones sociales

La nueva Ley de Servicios Sociales ofrecerá estabilidad financiera a las entidades de iniciativa social, según ha expresado la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. 

La consejera indica que la ley ofrecerá un marco legal para que las entidades puedan desarrollar su labor mediante figuras jurídicas como el convenio, el contrato y sobre todo la nueva figura del concierto social "mucho más estables desde el punto de vista de la financiación".

La Consejería recuerda que 2017 será el último año en el que la Intervención de la Comunidad Autónoma permita la subvención nominada a las entidades del Tercer Sector.

Recuerda que la nueva ley contempla el llamado concierto social, una figura contractual a la que solo se pueden adherir las entidades del Tercer Sector, que participarán y colaborarán con la administración pública de forma destacada en la cartera de servicios.

Uno de los requisitos es acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el servicio.

Los requisitos de las entidades para poder firmar conciertos sociales son entre otros, haber obtenido la autorización administrativa, estar inscritas en el registro de entidades, centros y servicios sociales o ser entidades colaboradora de la Administración, y desde luego acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el servicio.

Tercer Sector
Según la Consejería, la ley tiene en cuenta la experiencia del Tercer Sector , por ello se han establecido entre los criterios para la formalización de los conciertos sociales determinadas medidas de preferencia o medidas de discriminación positiva, criterios sociales, de calidad, de experiencia y de trayectoria acreditada.

Para la elección de las entidades que colaborarán en materia de servicios sociales se valorarán los méritos y capacidades como la implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, los años de experiencia acreditada, la buena valoración de las personas usuarios de los servicios sociales, las certificaciones de calidad y los informes de buenas prácticas, no sólo en el ámbito del servicio, sino también mejoras para los trabajadores.