El objetivo es actuar ante situaciones de vulnerabilidad, acompañar y hacer un seguimiento del alumnado y personal en situación de violencia de género y realizar las derivaciones a los servicios competentes y clarificar las responsabilidades legales en cada caso, ha indicado la consejera de Educación, María José Guerra.
El documento indica cómo proceder ante situaciones según sea sospecha o evidencia, de lo que dependerán los tiempos de intervención, así como la derivación a otros servicios como las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Servicio Canario de Salud o la Fiscalía de Menores.
Entre los principios que sigue el protocolo destacan el interés superior del menor, la confidencialidad, protección, celeridad, prevención, transversalidad, y concienciación.
Cada centro contará a su vez con una Comisión o Unidad de Violencia de Género (UVG), para tratar a lo largo del curso escolar la implantación del protocolo y propuestas de mejora.
Del mismo modo, la Inspección de Educación velará por la implementación y correcto funcionamiento de este protocolo, con un seguimiento del mismo.
Promover la coordinación institucional
También se prevé contribuir a través de medidas educativas y formación a erradicar actitudes y comportamientos machistas y generar procesos de cambio, así como promover la coordinación institucional, el diseño y desarrollo de los planes de igualdad, acciones de sensibilización, concienciación y campañas de prevención de violencias y promoción de buenos tratos.
Como ha expresado la consejera, se trata de “una herramienta para la comunidad educativa” que marca “pautas muy claras para la intervención” en los centros.
El documento contempla “la perspectiva social, jurídica y educativa”, ha señalado.
El director general de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, Gregorio Cabrera, ha destacado este aspecto porque “aborda el ámbito desde visiones complementarias para incluir todas las posibilidades en una tema complejo”.
Este protocolo “da respuesta a una demanda de los propios centros”, como una herramienta poderosa en actuación y formación” dirigida al alumnado, familias, profesorado y personal de administración y servicios con “mecanismos sencillos y claros con una estructura determinada”.
Por su parte, la coordinadora de la Red de Igualdad de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Noelia Rodríguez, ha señalado que lo primero ha sido “analizar seis de los protocolos, además de las guías de otras comunidades autónomas” para implementar las diferentes estructuras, variables, anexos, instrumentos y herramientas comunes y ajustarlos desde una perspectiva educativa, psicosocial y jurídica.
Con este protocolo se busca el “abordaje integral de la violencia de género” además de “acciones de sensibilización, prevención, educación afectivo sexual", y subrayando "la importancia del acompañamiento en los centros”.
Este aspecto es “clave” para que estos sean “espacios de seguridad, en lo afectivo y de confianza, conformando redes de fortalecimiento en el ámbito emocional” para las víctimas, ha subrayado.
Las expertas en Violencia de Género y miembros del equipo de Igualdad, Pino de la Nuez y Carmen Algora, han destacado la importancia en los menores de “escuchar y ser escuchado”, además de “evitar la victimización secundaria”, y preservar la “intimidad de las personas afectadas”, evitando la “rumorologia en los centros y la identificación” de la víctima, ha indicado De la Nuez.
Comunicación de los casos que detecten
La dirección del centro será “fundamental” en cuanto a que “garantiza los derechos del alumnado, el personal docente, de administración y servicios e impulsarán medidas y actuaciones de plena igualdad y prevención de violencia”, ha señalado. Por su parte, los consejos y las unidades de seguimiento “estarán obligadas a comunicar a la administración competente los casos que detecten”.
La dirección del centro será “fundamental” en cuanto a que “garantiza los derechos del alumnado, el personal docente, de administración y servicios e impulsarán medidas y actuaciones de plena igualdad y prevención de violencia”, ha señalado. Por su parte, los consejos y las unidades de seguimiento “estarán obligadas a comunicar a la administración competente los casos que detecten”.
Como ha apuntado Algora, “será el equipo directivo el encargados de activar el protocolo en el principio de celeridad” con un equipo humano formado por la persona que ha detectado el caso, tutor y orientador” . Se busca de esta forma un “tratamiento eficiente y eficaz”, basado en la “transversalidad”.
En este sentido, el protocolo “aborda la Ley de violencia de Género desde el ámbito estatal” así como la Ley Canaria y desde una “mirada amplia del convenio de Estambul”, ha explicado.