Ampas de Canarias piden destituciones en Educación por su "inepta" gestión del COVID-19

En una carta, la entidad ha expresado a Torres el malestar que sienten padres y madres por el "maltrato" y "menosprecio" con el que entienden que les ha tratado en este proceso.

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La Confederación de Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Canarias (Confapa Canarias) ha pedido al presidente regional, Ángel Víctor Torres, que destituya al equipo de Educación por su "desastrosa" e "inepta" gestión desde que se declaró la COVID-19.

En una carta, la entidad ha expresado a Torres el malestar que sienten padres y madres por el "maltrato" y "menosprecio" con el que entienden que les ha tratado en este proceso la Consejería regional de Educación que dirige María José Guerra, cuya destitución inmediata le han solicitado. 

“Hemos hecho llegar a la Consejería de Educación todas aquellas cuestiones que las familias nos han venido trasladando, porque se preocupan por la educación de sus hijos e hijas y porque se han generado graves problemas de muy diferentes tipos”, asegura Confapa.

La confederación resalta que los colectivos de padres de alumnos observan que “entre unos y otros, se les está escamoteando el derecho a la educación a sus hijos, al tiempo que se les empuja, por no decir obliga, a cometer una imprudencia, como tener que abandonarlos por no contar con nada ni nadie para poder conciliar vida laboral y familiar al tener que incorporarse a sus trabajos”.

Confapa considera que desde la Consejería de Educación “se ha hecho oídos sordos” a todos sus planteamientos


Confapa considera que desde la Consejería de Educación “se ha hecho oídos sordos” a todos sus planteamientos y “se han venido tomando decisiones que en nada han favorecido a las familias”.

“De hecho, consideramos que incluso en algunos casos se están trasladando responsabilidades a sectores educativos a los que no corresponde asumir dicha competencia”, señala en su carta a Torres.

Confapa ha advertido al presidente canario de que "el alumnado tiene un derecho constitucional a la educación" y que, al mismo tiempo, "las familias deben de poder conciliar la vida laboral, familiar y escolar”.

Confapa considera que desde la Consejería de Educación “se ha hecho oídos sordos” a todos sus planteamientos, por lo que ha reprochado "que el tratamiento que se les ha dado hasta ahora sea de maltrato y menosprecio", ya que "no se ha contado con ellas para nada durante todo este complejo proceso”.