La Audiencia Provincial ordena el embargo de dos edificios de Plasencia

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha informado en rueda de prensa de que si no se ingresa el dinero adeudada, que en global de todos los condenados asciende a 97 millones de euros más los intereses devengados, el consistorio pasará de la acción civil a la penal "y será pronto".

Ello se debe a que, según la alcaldesa, en este caso ha habido una trama societaria para esconder el patrimonio de los condenados por el caso de Las Teresitas que habría dado lugar a un presunto delito de alzamiento de bienes.

Los edificios afectados son uno alquilado por la Consejería de Educación y por el que abona mensualmente 300.000 euros y el otro es el que pretendía adquirir el Cabildo de Tenerife para destinarlo a un uso sociosanitario.

La alcaldesa Patricia Hernández señaló que cuando tomó posesión del cargo en julio se encontró con que en las cuentas municipales sólo se habían depositado cien euros por parte de los condenados por el caso de Las Teresitas.

Ejecución de la sentencia
Agregó que éstos "han tomado el pelo" al Ayuntamiento y la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife al dedicarse a "mover dinero de un lado a otro" para ocultar su patrimonio, y añadió que ésto les ha resultado "fácil" de hacer porque, a su juicio, el anterior equipo responsable del consistorio (CC) no pidió la ejecución de la sentencia "y miraba para otro lado".

Ahora, recriminó Patricia Hernández, "en el colmo del cinismo" CC se dedica "a hablar del edificio de Plasencia" cuando en el anterior mandato el PSOE se pronunció abiertamente en el sentido de que el inmueble que se pretendía destinar al área sociosanitaria del Cabildo de Tenerife era del citado empresario "y ellos lo negaban".

En la diligencia de embargo provisional dictada este miércoles el Ayuntamiento pide además demostrar que el actual nombre de la empresa propietaria de estos inmuebles, Carlacand, es realmente Punta Larga (en suspensión de pago) y por lo tanto, Inversiones Las Teresitas.

"No pararemos hasta que se ingresen los cien millones de euros que deben a Santa Cruz", añadió la alcaldesa, quien dijo que no se ha reclamado que esta suma llegue a las arcas municipales porque, reiteró, el anterior equipo municipal "estuvo quieto cuando debía actuar".

Preguntada por esta actitud del anterior equipo Patricia Hernández precisó que el PSOE siempre le ha exigido "toda la responsabilidad política" en este ámbito.

Reiteró asimismo que si los condenados por Las Teresitas no abonan las cantidades adeudadas el Ayuntamiento recurrirá a la vía penal por presunto alzamiento de bienes "y será pronto".

El inmueble alquilado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está valorado en unos 42 millones de euros y el que iba a ser vendido al Cabildo de Tenerife en la zona de Cabo Llanos en unos 30 millones, aunque la alcaldesa de la capital tinerfeña dijo que el Ayuntamiento no está de acuerdo con la tasación de ambos.

La diligencia dictada hoy implica que el alquiler de la sede de Educación, que suma 3.600.000 euros al año, queda embargada.

En cuanto a la suma adeudada por uno de los condenados por Las Teresitas, el empresario Ignacio González, que falleció la semana pasada en prisión, la alcaldesa precisó que la herencia supone legar propiedades y deudas, y habrá que determinar cómo concluye su tramitación.

Según la diligencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, se pide a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que informe sobre el valor de las transferencias de Inversiones Las Teresitas a Promotora Punta Larga, así como sobre la posible vinculación entre esta empresa y Carlacand SL.

Además se comunica a Carlacand que dispone de veinte días si quiere formular su oposición al embargo preventivo de los dos inmuebles sobre los que se ha ordenado embargar fondos y rentas de alquiler.

En su petición el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indicó que hay documentación contable en la que existe constancia de transferencias por valor de 51,7 millones de euros desde Inversiones Las Teresitas a Promotora Punta Larga y que en la sentencia del caso Las Teresitas dictada en abril de 2017 ya se declaraba "la absoluta confusión" entre ILT de una parte, y Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria de otra, y que la primera había sido utilizada como instrumento para cometer el delito que se declaró probado.

Además el Ayuntamiento pidió derivar la responsabilidad a la entidad Carlacand SL, sociedad participada por la Promotora Punta Larga en un 72,4 por ciento, Antonio Ramón Plasencia Santos titular del otro 13,79 por ciento y el 13, 81 por ciento restante sería titularidad de personas vinculadas a la familia del empresario.

Según el escrito, ello pone de manifiesto "los formidables ingresos obtenidos por Inversiones Las Teresitas a partir de la venta del frente de playa al Ayuntamiento" que habrían sido derivados en primer lugar a Promotora Punta Larga vía préstamos no retribuidos entre sociedades y luego canalizados mediante inversiones a otras empresas, entre las que se encontraría Carlacand.