La Sanidad canaria pagará 50.000 euros por una negligencia

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la sanidad de las islas a pagar 50.000 euros a la familia de un paciente que acudió a un centro de salud de Gran Canaria con varios síntomas de sufrir un infarto y que acabó muriendo sin que le hicieran prueba alguna.

La sentencia considera probado que el paciente se presentó en la madrugada del 18 de septiembre de 2012 en las urgencias del centro de salud de El Calejo, en Telde, quejándose de un fuerte dolor que iba desde el cuello a los brazos y la espalda.
"Entre las 6 y las 8 horas falleció por cardiopatía isquémica con enfermedad aterosclerótica de tres vasos coronarios principales. Una hora antes de la previsible muerte, estaba sentado frente al médico de urgencias a las 5.03 horas relatando los síntomas", resalta la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.
El tribunal hace responsable patrimonial de su muerte al Servicio Canario de Salud porque el médico que le atendió con tales síntomas "no le realizó prueba alguna, ni auscultación, ni tan siquiera una toma de tensión, solo le tocó el cuello para diagnosticar cervicalgia".

El infarto no se detectó a tiempo

La sentencia reconoce que no se puede saber si el hombre se hubiera salvado de haberle detectado a tiempo el infarto, pero subraya que se le privó de esa oportunidad.
La Sanidad canaria alegaba que el paciente no había relatado adecuadamente su historial al médico que le atendió, un argumento que aceptó en su momento el juzgado que vio los hechos en primera instancia, que desestimó la demanda.
"Lo que es notorio", dice ahora el TSJC, "es que a un paciente que está sufriendo un infarto no se le puede exigir que además sea él quien refiera los síntomas del infarto al médico de urgencias y además le detalle su historia médica".
Todo lo contrario, añade, "quien tiene que hacer las preguntas respecto a los síntomas y consultar el historial es el médico".
La sentencia tiene fecha de diciembre de 2019, pero ha sido difundida este jueves a los medios por el despacho de abogados Henríquez y Carnero de Las Palmas de Gran Canaria, que defendió a los familiares del fallecido.