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Premiadas las apps que dan soluciones a retos legales y económicos

El primer LEAMHACK celebrado en las Islas reconoce también una aplicación para asesoramiento financiero en criptomonedas

Redacción AH

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Un “app” encaminada a la mejora de la comunicación entre los despachos de abogados y sus clientes en el transcurso del procedimiento judicial, de arbitraje o mediación ha resultado ganadora del primer LEAMHACK, un “hackathon” para desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras a retos legales y económicos celebrado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. 

Con el nombre de “Consulta Lex”, el equipo ganador ha diseñado esta aplicación centrados en una de las consignas de este encuentro, que era el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo del derecho, apoyados en el conocimiento variado de sus miembros, ya que lo componían cuatro estudiantes del máster universitario de abogacía, un estudiante del experto en solución de conflictos, economía y tecnología del Servicio de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Samadr-Ulpgc), un estudiante de administración de empresas y uno de ingeniería, según fuentes de la organización.

“Los participantes han llevado a cabo un muy buen trabajo en equipo, han demostrado que tienen talento, ilusión, motivación, constancia, que son creativos; muestran esfuerzo, dedicación e inteligencia, virtudes que han sido los que han llevado a estos equipos a ser los ganadores de esta primera edición”, ha destacado Rosa Pérez Martell, directora del Samadr-Ulpgc y organizadora del encuentro que tuvo lugar en el Gabinete Literario de la capital. 

“El LEAMHACK 2018 ha tenido un objetivo claro: impulsar la innovación, la investigación, favorecer el emprendimiento, la obtención de talento y estar al día de las novedades tecnológicas en el sector legal”, resumió Pérez Martell, tras dos jornadas que resultaron “una experiencia espectacular”, compartiendo ideas desde diferentes puntos de vista, por lo que quiso trasladar el agradecimiento de los participantes a la universidad y al servicio de arbitraje y mediación.

El segundo premio, dedicado a soluciones financieras en torno a las nuevas tecnologías, ha recaído en Canarias FinTech, formado por cuatro estudiantes de derecho y uno de administración de empresas que ha diseñado una aplicación destinada al asesoramiento financiero en criptomonedas. El tercer premio se lo llevó una “app” para la gestión eficiente de una empresa en lo jurídico-económico, diseñado por cinco estudiantes de ingeniería. 
 
Los premiados, que para llegar a conseguir un proyecto de éxito debieron usar la creatividad y el trabajo en equipo, han debido dar respuesta a uno de los retos planteados desde la organización,y en todos los casos, los participantes han decidido que el importe de sus premios se destinará al desarrollo de la aplicación, iniciando a los estudiantes en el emprendimiento legal-económico. En España se celebró el primer Legal Hackathon en Bilbao allá por mayo de 2015 y ya ha habido otros seis en otras ciudades, mientras que este es el primero que se organiza en Canarias.
La importancia de los hackathon está en la interacción entre expertos en sistemas y los especialistas en leyes, economía e innovación, teniendo como marco este “evento disruptivo e innovador, una verdadera usina de pensamiento, donde esbozar, idear, soñar ideas que tengan contenido práctico y que den servicio a la sociedad y a vuestros futuros clientes”, según las palabras del especialista argentino Alberto Elisavetsky que por teleconferencia desde Buenos Aires estuvo presente en el encuentro. 

La jornada inicial estuvo regada de ponencias a cargo de innovadores y expertos, como Salvador Juanatey, que expuso sobre “Cómo Blockchain afecta al mundo jurídico”, o María de la O Bueno Reyes, que se centró en aplicaciones de salud, bienestar social, wellness y telemedicina. Por su parte, Joseba Fernández de Retana, director de negocio de CajaSiete, dio las pistas para entender de qué se trata PSD2, la nueva Directiva de servicios de pago de la Unión Europea, que modifica directivas previas sobre el sector de los medios de pago y prohíbe recargos en pagos con tarjeta; limita la responsabilidad de fraude a 50 euros y contiene obligaciones de información, plazos devolución, etc.