La Intervención del Gobierno de Canarias ha emitido un informe sobre los contratos de compra de suministros sanitarios adjudicados por el Ejecutivo anterior al inicio de la pandemia de COVID-19 —fundamentalmente en 2020, pero también en 2021 y 2022— en los que ha detectado "debilidades" y respecto de los cuales formula varias salvedades. Lo ha confirmado este lunes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, que ha recordado que en estos momentos están bajo revisión judicial en los casos Mascarillas, Koldo y Damco contratos por un importe total que ronda los 40 millones de euros.
"Los contratos se tramitaron vulnerando, incluso, el procedimiento que contempla la Ley de Contratación del Sector Público para los contratos de emergencia. Se equipararon a los contratos menores y tenía que haber sido diferente", ha precisado el portavoz, respecto a uno de los reproches que realiza Intervención en su informe. También ha detallado que en algunos de los expedientes "no constan las actas firmadas de la recepción de materiales, ni la documentación previa necesaria".
Salvedades legales
"Muchos de los contratos no están publicados, como es obligatorio, en la Plataforma de Transparencia del Gobierno de Canarias y tampoco consta dación de cuentas al Consejo de Gobierno, como era obligación, en el plazo de los 30 días posteriores a la firma o aceptación de dichos contratos", ha continuado.
Cabello ha detallado que ese informe de la Intervención se va a entregar a los letrados del Servicio Canario de la Salud, que están analizando el fondo de cada uno de esos expedientes y que, a su vez, informarán a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Y ha añadido que serán estos los que determinen qué hacer si detectan que ha habido "algún tipo de quebranto o menoscabo de los intereses de la comunidad autónoma", por lo que ha pedido "prudencia" y esperar a que se termine un trabajo que abarca "muchísimos expedientes", ya que en 2020 prácticamente todos los contratos de ese tipo se tramitaron como de emergencia.