El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes dos decretos ley de calado para la isla de La Palma. Uno en materia de vivienda protegida y el otro en el sector agrario para la recuperación económica y social de la isla.
El primero de ellos, expone el comunicado del Gobierno regional, facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida. Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios.
Respuesta a los afectados
Con respecto a las personas que perdieron su vivienda por la erupción, cabe señalar que este decreto viene a dar respuesta a las personas afectadas que no pueden acogerse a alguna de las opciones que se han articulado el Decreto-Ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística, que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco pueden acogerse a lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2022 para permitir la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.
A estos efectos, el decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (IPREM) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas, apunta la nota de prensa.
En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.
Valle de Aridane
En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a las personas demandantes inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.
Interés general
El decreto declara todas las actuaciones como obras públicas de interés general, declaración que se extiende, si fuera necesario, a las obras de urbanización que sea preciso ejecutar.
Igualmente, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados, las parcelas cedidas por los ayuntamientos se clasifican, directamente, como suelo urbano consolidado.
Por otro lado, para garantizar la máxima celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, se declara su urgencia, con la consiguiente reducción de plazos, y se establece la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.
Decreto ley de medidas agrarias
En cuanto al segundo decreto aprobado este lunes, el objetivo del texto es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores retomen la actividad, así como su protección económica hasta que vuelvan a disponer de sus fincas
Así, el gobierno comparte en el comunicado que se cifra en unos 600 agricultores que puedan retomar la actividad, así como posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus fincas, dando continuidad a las ayudas del POSEI (propuesta por el Gobierno de Canarias y aceptada por Bruselas hasta diciembre de 2025) y por pérdida de renta.
Condiciones de seguridad
El documento establece medidas para la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios. Para lograr dicha recuperación, el Gobierno de Canarias adoptará aquellas medidas económicas que sean necesarias, las cuales serán compatibles con las compensaciones por daños materiales causados a activos agrarios por el volcán.
El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.
Narvay Quintero
Durante su intervención en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades expuestas por los agricultores afectados “y pretende no dejar a nadie atrás”. “Constituye una estrategia que puede iniciarse ya, desde fuera hacia dentro, a medida que se recuperan caminos y conexiones de aguas, y que permite acortar plazos en la recuperación; todo ello con solidez jurídica “, agregó el titular del área.
El mencionado documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).
Zonas delimitadas
Dicha norma delimita distintas zonas, una en la que ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones, otra en la que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico, y una tercera en la que debido al riesgo de colapso se deberá contar con un informe científico que avale la seguridad de dichos espacios. Existe otra zona, de pequeñas dimensiones, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno.
La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa, etc.), con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.
Informe geotécnico
El decreto ley aprobado determina que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario en que las que se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno. Las personas titulares de explotaciones localizadas en esos espacios podrán reubicarse en otras parcelas distintas dentro de la colada donde las condiciones del suelo lo permitan. Ante esta situación y con el propósito de recuperar la producción agraria previa a la erupción, la Administración podrá adquirir aquellas parcelas cuyos titulares, por las razones que sean, decidan no llevar a cabo la recuperación de su capacidad productiva, con el fin de permutarlas con aquellos que quieran continuar con la actividad.
Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística (en este caso en determinadas parcelas y previo informe del Cabildo insular).