La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV se ha reunido esta semana en la sede del PP nacional, en la calle Génova de Madrid, con el secretario de Industria, Turismo, Comercio, Empresas, Economía Circular e Infraestructuras, José Vicente Marí, con la intención de que interfiera en la aprobación de la ley de viviendas vacacionales. Esta norma ha sido redactada por el área de Turismo del gobierno de Clavijo, que está en manos de los populares, y conllevará una serie de restricciones para los explotadores de estas viviendas.
Desde la patronal entregaron a los dirigentes del Partido Popular un dossier con documentos que, en más de 500 páginas, "realizan un análisis de conjunto de la situación, aportando, no solo datos de la importancia económica que la actividad representa para el archipiélago, sino diversos informes jurídicos que cuestionan la legalidad de la futura norma", según informa Ascav en un comunicado.
Según el argumentario de la patronal, la norma, que todavía no ha entrado en trámite parlamentario, "va a suponer la desaparición de prácticamente el 90% de las viviendas vacacionales de las islas que, en su mayoría, pertenecen a pequeños propietarios". Sin embargo, hay que destacar que los informes realizados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna aseguran que un pequeño grupo de propietarios explotan la mitad de las plazas de viviendas vacacionales.
Crítica al PP
Ascav acudió a Génova con una documentación "que acredita que el 67% de los ciudadanos que participaron en la consulta pública de la norma se manifestaron en contra de la misma". Por ello califican de "inadmisible" que el PP "siga adelante con un texto que no ha sido consensuado con el sector y demás actores intervinientes, y que la Consejería de Turismo se haya limitado a 'cumplir el expediente' citando a Ascav en tres ocasiones para no escucharles sino imponer un texto que no es avalado por nadie.
Según asegura la patronal, Génova se comprometió "a trasladar y a intentar intermediar en este delicado asunto" aunque apuntan que en todo caso, la decisión final recaerá sobre el PP canario. Eso sí, mantienen que "Ascav no escatima ni escatimará esfuerzo alguno que pueda beneficiar una regulación justa y proporcionada de la vivienda vacacional en Canarias, en pro de que miles familias puedan participar directamente de nuestra principal fuente de economía"