El Parlamento de Canarias aprueba la ley que resolverá "graves problemas" del empleo público

El Parlamento de Canarias ha aprobado la ley de medidas urgentes para ordenar el empleo público que, según el Gobierno, permitirá resolver un grave problema de gestión, aunque la oposición reprochó al Ejecutivo que altere las reglas del juego al incluir la OPE de 2019, que no ha sido aún aprobada.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dijo en la defensa este miércoles del proyecto ante el pleno de la Cámara regional que el texto procede de un anterior decreto ley que el Gobierno ha preferido tramitar como ley, pues así se pueden incorporar las observaciones del Consejo Consultivo.

En su opinión la ley permitirá resolver un grave problema de gestión del empleo público en Canarias, que es el de conciliar la legítima y muy respetable aspiración de quienes ya son empleados públicos, y esperan participar en un concurso de traslado para acceder a otras plazas, con la de las casi mil personas que van a superar una oposición y han resultado adjudicatarias de una plaza definitiva.

Ello impedirá precisamente que dichas plazas sean ofrecidas en concurso a quienes ya son empleados públicos y por ello, continuó Julio Pérez, el Gobierno ha articulado esta medida excepcional que perfecciona el régimen jurídico de la adscripción provisional, al tiempo que también regula la falta de secretarios, tesoreros e interventores en los municipios.

Por el grupo Popular la diputada Luz Reverón afirmó que tiene la sensación de que los partidos que apoyan al Gobierno regional "han intentado colarnos" en el texto la oferta de empleo público de 2019, que no está aprobada, y por lo tanto intentan "tapar agujeros que en principio parece que no existen".

Socorro Beato, del grupo Nacionalista Canario, aseguró que está de acuerdo con las razones que han dado lugar a esta iniciativa pero recordó que el Consejo Consultivo ha planteado importantes observaciones respecto a la necesidad de dar seguridad jurídica a los concursos, y coincidió con el PP en el que el Gobierno se aparta de estas recomendaciones al incluir la referencia a la OPE de 2019. "Esto es incrementar la improvisación, rizar el rizo y tensar demasiado la cuerda", sostuvo la parlamentaria, quien pidió una solución negociada con los sindicatos para no poner "parches" con propuestas provisionales o puntuales.

En representación de los grupos que apoyan el Gobierno el diputado Mauricio Roque explicó que la mención a la oferta pública de empleo de 2019 obedece a la necesidad de evitar situaciones de diferencia de trato a corto espacio temporal con las convocatorias que ya recoge el texto -las de 2015, 2016 y 2017- y evitar de esta manera que la próxima no esté incluida en la ley. "Lo único que se pretende es resolver el funcionamiento mínimo e indispensable de los servicios esenciales de competencia autonómica y local", observó Mauricio Roque.

 Por el grupo Mixto el diputado Ricardo Fernández de la Puente sostuvo que fue un acierto llegar al acuerdo de tramitar el decreto ley como un proyecto de ley, pero también compartió el considerar un error el que se incluya una oferta pública de empleo que aún no ha sido convocada.