Canarias pondrá condiciones a la vivienda vacacional en las zonas turísticas

El Gobierno canario y los cabildos dan por hecho que el Supremo abrirá definitivamente las zonas turísticas al alquiler vacacional. Se disponen a regular su actividad por dos vías: fijar la capacidad de carga de cada lugar y exigir a esos alquileres varios requisitos de calidad y seguridad. 

La consejera de Turismo de la comunidad autónoma, María Teresa Lorenzo (CC), se ha reunido con los responsables de ese área en los siete cabildos para seguir avanzando en la regulación que sustituirá al actual decreto canario sobre alquiler vacacional, parcialmente anulado por una sentencia, todavía no firme, que cuestiona algunos de sus contenidos más discutidos por el sector.

Esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no tiene aún efectos sobre la regulación de esta modalidad turística, porque el Gobierno la ha recurrido (lo que mantiene en vigor el decreto de 2015). Sí contiene algunos postulados a los que probablemente tendrá que adaptarse la comunidad autónoma.

La propia consejera Lorenzo ha reconocido hoy ante la prensa que el Gobierno de Canarias "puede entender" las razones por las que el TSJC sostiene que prohibir el alquiler vacacional con carácter general en las zonas turísticas vulnera la libertad de empresa y puede infringir también la Directiva Europea sobre Servicios.

Esa es una batalla que casi se da por perdida, pero el Gobierno canario cree que la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos aún tienen algo que decir sobre las condiciones en las que se va a desarrollar el alquiler vacacional en las zonas más demandadas por los millones de turistas que cada año visitan el archipiélago.

Lorenzo asume que el alquiler vacacional y las plataformas de internet que lo promocionan son un fenómeno que ha llegado para quedarse, pero quiere poner de acuerdo a todos los cabildos en una regulación que garantice dos cosas: "la sostenibilidad del modelo turístico canario" y la seguridad jurídica de operadores y usuarios.

En cuando a lo primero, ha explicado que la nueva Ley del Suelo dará competencias a cabildos y ayuntamientos para fijar los usos de su territorio y también para regular "la capacidad de carga" que cada zona puede soportar, por ejemplo, en explotación turística.


"Cada isla tiene sus necesidades y habrá que adaptar la regulación a esas necesidades", ha manifestado la consejera.

Respecto a los segundo, Lorenzo ha avanzado que el nuevo decreto exigirá a las viviendas vacacionales llevar un registro de huéspedes similar al que permite a la Policía controlar periódicamente las personas que se alojan en hoteles y apartamentos de toda España.

También se está valorando establecer algún tipo de regulación sobre las plataformas de internet . Sobre todo, establecer los requisitos de calidad, fiscalidad, seguridad y legislación laboral que deberán cumplir las viviendas vacacionales emplazadas en zonas turísticas para "equiparlas a la oferta reglada".

La consejera de Turismo de Gran Canaria, Inés Jiménez (NC), ha señalado que su Cabildo coincide en buena medida con los planteamientos que hace el Gobierno regional para este sector.

Jiménez piensa que el alquiler vacacional "ha venido para quedarse". También defiende que hay que despejar todos los puntos que generan "inseguridad" y que pueden poner en cuestión criterios de sostenibilidad del territorio y de la oferta turística.

En este aspecto, la consejera grancanaria opina que las viviendas vacacionales ofrece una alternativa de alojamiento que puede resultar interesante en determinados puntos de Canarias, pero que hay que regular para que esté "en igualdad de condiciones" en determinados aspectos con el resto del sector. 

Otros datos nacionales

 Gran Canaria y Tenerife figuran entre los destinos de alquiler vacacional en zonas de playa más económicos de España, según un informe elaborado por TecniTasa.

En él se señala que los alquileres vacacionales en las principales zonas de playa de España para este verano se han encarecido casi el 10 % respecto a hace un año. 

TecniTasa explica que ha analizado los precios de alquiler de inmuebles en primera línea de playa y concluye que este año disfrutar una semana en la costa española costará una media de 729 euros, 65 euros más que el año pasado y el 30 % más que en 2014. 

Ibiza (Islas Baleares), Sotogrande (Cádiz), Sitges (Barcelona), Salou (Tarragona), San Sebastíán (Guipúzcoa), Sanxenxo (Pontevedra), Cadaqués (Gerona), Salou (Tarragona) o Marbella (Málaga), son las ciudades que presentan los precios más caros de los alquileres, superando en todos los casos los 1.100 euros por semana. 

Por contra, los más económicos se encuentran en Burela, Foz y Vicedo (Lugo), Oliva (Valencia), Portosín (La Coruña), Gran Canaria y el tinerfeño Puerto de la Cruz (Canarias), Moncofar (Castellón) o Ribadesella (Asturias), donde se pueden conseguir estancias semanales por entre 200 y 350 euros.