El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria le ha tomado declaración en calidad de testigo a un empleado de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) que reveló irregularidades a la Guardia Civil y a la Fiscalía en la ejecución de convenios para favorecer a determinadas empresas en el desarrollo comercial de Tamaraceite, entre otras obras importantes como la mejora de los accesos a El Confital.
El testigo, que trabaja desde 2017 para Geursa como ingeniero, desempeñó labores de coordinación en seguridad y salud en los trabajos de El Confital. Asegura que cuando el director de esa obra estuvo de baja, los dirigentes de la entidad le presionaron para que firmase un modificado del proyecto no justificado, con la finalidad de incrementar el presupuesto de ejecución en unos 400.000 euros para no perder una subvención.
El testigo sostiene que fue apartado de la obra tras su negativa a realizar el modificado del proyecto. Esto mismo le ocurrió también al director de obra cuando se incorporó de la baja, aunque en este caso fue despedido de Geursa.
Meras referencias
Las defensas, sin embargo, cuestionaron durante el interrogatorio esa versión de los hechos, con el argumento general de que no existen pruebas objetivas de presiones para obligar al técnico a modificar el proyecto, sino grabaciones parciales sacadas de contexto y correos de trabajo, los cuales en modo alguno buscaban favorecer a la constructora Pérez Moreno en detrimento del presupuesto público.
El aparcamiento construido por Ambrosio Jiménez frente a Leroy Merlin fue otro de los puntos en los que se centró el interrogatorio. La obra se ejecutó en la primera fase de la urbanización realizada por Lopesan, pero estaba prevista en la segunda y luego se cambió el proyecto original de la urbanización. Hace casi nueve años que el parking entró en funcionamiento, pero sigue sin ser recepcionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El ingeniero considera que recibió presiones para meter ese proyecto entre los redactados o ejecutados entre 2018 y 2023, cuando es bastante anterior, y también el vial 12, una carretera terminada que hubo que demoler parcialmente porque se superponía con el suelo comercial entregado a Felipe Guerra, otros de los empresarios beneficiados e investigados por el Plan Parcial Tamaraceite Sur.
Gasolinera y supermercado
El testigo sostiene que del terreno dado a Guerra se sacó la red de pluviales, que esa obra la pagó Geursa y que se hizo para "darle servicio" a la parcela del empresario. La defensa, en cambio, matiza que no hay nada ilegal en esa operación, pues tiene su origen en una permuta de suelo realizada años atrás y la entidad tiene la obligación de entregar la propiedad libre de cargas.
En realidad, con la justificación de hacer casas sociales, Geursa cambió al empresario hasta cuatro solares en diferentes zonas de Tamaraceite Sur, entregándole luego una parcela de uso exclusivo comercial valorada en 1,1 millones de euros. Sobre eso suelo hay ahora una gasolinera y un supermercado.
Viviendas
Geursa adquirió la mayoría del suelo de Tamaraceite Sur mediante el sistema de expropiación forzosa, con la finalidad de hacer unas 2500 viviendas que luego se quedaron en 1800. Esas operaciones, más allá del testimonio referencial aportado por el testigo sobre el supuesto trato de favor al empresario, deberán de ser valoradas y analizadas por un perito independiente para que aclare si hubo o no un perjuicio a los recursos públicos.
Esa, al menos, es la tesis que plantea la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria en la querella contra Geursa que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria: el beneficio propio o de empresas "amigas" con el dinero de todos y el reclamo de hacer casas de protección oficial que luego fueron sustituidas en parte por suelo comercial.
La causa, en cualquier caso, acaba de empezar. Hay seis investigados que se han negado a declarar, entre ellos José Manuel Setién, responsable de Urbanismo hasta su jubilación en marzo de 2023, tres dirigentes de Geursa, el empresario Guerra, y el anterior jefe de Parques y Jardines, al tiempo que debe resolverse aún si el procedimiento se divide en tres piezas separadas, tal y como solicita Anticorrupción.
Esta semana la instrucción continúa con más testificales.