Seis años después de la querella contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por el supuesto desvío de fondos para eludir deudas con Hacienda y la Seguridad Social, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria sigue sin poder cerrar la investigación para decidir si archiva la causa o abre juicio oral contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el procedimiento, que continúa en la fase inicial de diligencias previas, hay nueve investigados por los delitos de insolvencia punible y contra el derecho de los trabajadores, entre ellos familiares y personas cercanas al empresario.
Causa del bloqueo
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias lleva más de año y medio sin proveer los recursos necesarios para que el perito designado por el juzgado determine el valor de las acciones de la Unión Deportiva, cuya venta en fraude de ley centra parte de la querella formulada a finales de 2018 por la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas.
El paquete de acciones estaba a nombre de Seguridad Integral Canarias (SIC), empresa de la que Ramírez era propietario y administrador único, hasta que en agosto de 2011 pasó la responsabilidad de la gestión a Héctor de Armas, entonces su hombre de confianza y también imputado en la causa.
Origen del caso
La tesis de las acusaciones es que Ramírez siguió gestionando SIC en la sombra y, "para evitar pagar sus numerosas deudas", desvió fondos y bienes a otras sociedades de las que era su "titular real", pero en las que se valía de "allegados" para no ser descubierto en esas operaciones, los cuales eran "meros detentadores de participaciones" o solo tenían "cargos sociales" en esas compañías. La finalidad era eludir el embargo de su patrimonio, recoge el auto de admisión a trámite de la querella.
Entre las actuaciones bajo sospecha destacan dos transacciones relacionadas con la Unión Deportiva, además de diferentes acuerdos para adquirir "la cartera de clientes de SIC", asientos contables varios para enjugar deudas, adquisiciones de coches e inmuebles, y operaciones de distinta naturaleza con las entidades Sinergia de Vigilancia y Seguridad, Gestiones y Asesoramiento 3000, Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad, y Novo Segur Seguridad Privada.
De todas las acciones controvertidas, la diligencia que tiene bloqueada la tramitación de la causa penal es la venta de las acciones de la UD, confirman fuentes judiciales.
Embargo
La Administración Tributaria, para cobrar una deuda con SIC de siete millones de euros, le embargó en vía ejecutiva dos coches, ocho propiedades, cuentas bancarias y diferentes tipos de créditos.
También acordó el embargo de las acciones de la UD el 9 de noviembre de 2017, pero no pudo llevarse a cabo porque SIC vendió los títulos a Ramírez.
Negocio raro
Hacienda y la Fiscalía creen que el negocio fue "ficticio", un "fraude" para "evitar el embargo" de SIC, pues la compañía "no recibió dinero alguno como contraprestación" y, además, la operación se cerró con el valor nominal de cada acción, sin tener presente el balance de resultados de ese año, que arrojaba un saldo superior y, por tanto, un valor real mayor de las participaciones.
Por eso la Fiscalía solicita una pericial sobre el valor de las acciones vendidas por SIC, para aclarar si los 200.000 euros declarados en la operación se ajustan al precio real de las acciones de la UD en el mercado.
Préstamo al club
El empresario alude a un préstamo previo de 240.000 euros a la tesorería del club para justificar que no hay ningún tipo de engaño, pero la Administración Tributaria entiende que esa cantidad no es suficiente porque Ramírez debía unos dos millones a SIC. El pago de esa deuda estaba aplazado hasta 2035 y no salía en la contabilidad.
La otra operación que afecta a la UD es un acuerdo entre SIC y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que asume la cartera de clientes de la primera y se compromete a liquidarle una serie de cantidades mensuales, las cuales se "desvanecen" mediante asientos contables que hacen desaparecer la deuda.
Sinergias de Vigilancia y Seguridad termina finalmente por asumir una deuda de SIC con la UD de cuatro millones de euros. El acuerdo se justifica con un adelanto recibido por los servicios que debía prestar SIC al club amarillo, cuando ambas compañías se dedican a la misma actividad de seguridad.
Insolvencia
Son, a juicio de la Fiscalía, acciones para "desviar fondos y bienes de SIC a otras empresas", con la finalidad de acreditar una situación de insolvencia y presentar concurso de acreedores, eludiendo de esa manera el pago de sus obligaciones tributarias y salvando su patrimonio.
La presentación del concurso de acreedores se hizo el 22 de diciembre de 2017, y el Juzgado de lo Mercantil número 2 la acordó el 3 de enero de 2018, pero su tramitación está suspendida hasta la resolución de la querella por insolvencia punible, la misma que lleva seis años en diligencias previas y aún está pendiente de la pericial sobre el valor de las acciones de la UD.
Solo queda esa prueba por practicar, pero la causa permanece bloqueada por la burocracia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Deudas distintas
Las deudas que la Administración Tributaria reclama en ese procedimiento son diferentes a las que fueron juzgadas recientemente por la Audiencia de Las Palmas. Ramírez, con el voto en contra de una magistrada, resultó absuelto por el tribunal, sentencia que en la actualidad está recurrida ante el Supremo.
Ligado a ese mismo procedimiento, además, el empresario fue imputado por insolvencia punible, también por maniobras encaminadas a eludir la deuda contraída por SIC, pero la causa se archivó, con informe favorable de la Fiscalía, tras depositar la fianza previa al juicio y acreditar que no tenía intención de evitar las consecuencias de una hipotética condena.
Otros delitos
Los delitos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5, por tanto, no están relacionados con camuflar el pago de horas extraordinarias como si fueran dietas, hechos de los que ha sido absuelto, sino por retenciones practicadas a los trabajadores y luego no ingresadas a la Hacienda Pública, el IVA y la liquidación del impuesto de sociedades, sin olvidar las maniobras descritas para plantear la insolvencia e ir al concurso de acreedores.
Asimismo se reclama una deuda con la Seguridad Social por descolgarse del convenio del sector y aplicar a sus trabajadores uno más restrictivo, el cual fue anulado por el Tribunal Supremo, una "infracotización" que podría ser constitutiva de delitos contra los derechos de los trabajadores.