El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por Carolina Darias, ha tomado la decisión de cesar a la gerente de Geursa, Marina Más, en plena tormenta por el caso Valka.
Mauricio Roque, concejal de Urbanismo del consistorio capitalino, ha convocado de manera extraordinaria y urgente al consejo de administración de la empresa pública y en el orden del día sólo figuran cuatro puntos: uno, cese de la gerente y su relación laboral con al entidad; dos, revocar los poderes conferidos a Marina Mas; tres, ruegos y preguntas; cuatro, aprobación del acta.
Marina Más es una de las seis personas investigadas en la instrucción del caso Valka y, tras destaparse la presunta trama de corrupción en el área de Urbanismo, su figura quedó en entredicho dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Seis investigados
Los informes realizados por el Seprona (Guardia Civil), en los que se apoya la Fiscalía, sitúan en cabeza de la trama a José Manuel Setién, exjefe de Urbanismo y consejero de Geursa; seguido de la propia Marina Más; Luis Pérez, jefe del departamento jurídico, y Carlos Cabrera, responsable de la oficina técnica.
La investigación, por ejemplo, constató que Setién, tras jubilarse como empleado municipal, se conectaba desde su casa a los servidores del ayuntamiento. Lo hacía de forma "clandestina", en remoto, a través de las credenciales de la propia Marina Más, que era su mano derecha en la empresa pública junto a Carlos Cabrera.
El objetivo era acceder a información "privilegiada" para seguir negociando con empresarios afines a la trama corrupta que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria.
Petición del PP
Para aclarar su papel dentro de Geursa y sobre todo en la toma de ciertas decisiones, el Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia de Marina Mas, dentro del marco de transparencia y fiscalización de recursos públicos, en el próximo pleno municipal.
En concreto, el grupo conservador quiere que explique las prórrogas en los plazos de entrega de obras gestionadas por la empresa pública desde 2020, y si estas han conllevado incrementos en el coste de las obras. La solicitud también exige detalles sobre el impacto financiero de las extensiones de los plazos en proyectos municipales.