A finales de noviembre del presente año se firmó un manifiesto con la adhesión de colectivos de asesores fiscales, colegios profesionales, universidades canarias y organismos empresariales que argumentaba que “veinte meses después de la declaración del estado de alarma continúan sin adaptarse múltiples aspectos clave del Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF) a las especiales circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19 o la erupción volcánica iniciada el pasado 19 de septiembre en La Palma”.
“El REF no fue diseñado para afrontar circunstancias tan excepcionales, quedando muchos de sus mecanismos e instrumentos notablemente erosionados con motivo de la pandemia y del volcán. Y la sociedad canaria no se merece la indiferencia ni más dilaciones en periodos como el que estamos viviendo”.
En este sentido se expresó el pasado 3 de diciembre en el periódico digital Atlántico Hoy el Decano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, Samuel Cruz Palenzuela, manifestando que el REF es “un gran incentivo” que “hoy por hoy no es jurídicamente seguro”.
Las situaciones vividas en estos casi dos años de pandemia y volcán con consecuencias en algunos casos devastadoras para la economía canaria exigen una actuación por parte del Gobierno que sea eficaz y certera.
Sigo destacando, por su importancia, el contenido literal del manifiesto:
“En estos tiempos de incertidumbre, es imprescindible que Canarias cuente con un marco tributario con seguridad jurídica que aporte un grado de certeza razonable en el uso y aplicación de los mecanismos e incentivos del REF”.
“Por ello, más que nunca, se precisa que la normativa vigente sea lo suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y desplieguen efectos económicos beneficiosos en las Islas, adaptándose a las actuales circunstancias, de forma que realmente puedan contribuir a paliar la grave situación a la que el archipiélago se está viendo sometido”.
“En ese sentido, el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, propuesto por el Gobierno de Canarias y refrendado por el Parlamento, recogía en su declaración institucional de 30 de mayo del año pasado, el compromiso de revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales para adaptarlos a las actuales circunstancias … flexibilizando sus plazos y requisitos e incentivando el mantenimiento y creación de empleo, para incrementar la liquidez empresarial y la inversión en el archipiélago”.
“El pacto, se hacía eco de la necesidad de modificar y adaptar a las actuales circunstancias instrumentos del REF tales como la RIC (Reserva Inversiones en Canarias), DIC (Deducción por Inversiones en Canarias), ZEC (Zona Especial Canaria) y los límites a las ayudas de estado regionales con flexibilidad. Adquiriendo el compromiso de eliminar los obstáculos que dificultan su aplicación y aprovechamiento, flexibilizando temporalmente ciertos requisitos, especialmente los relativos al mantenimiento y materialización de inversiones e incentivar la generación y mantenimiento de empleo, la liquidez empresarial y la inversión privada.”
“Canarias precisa la urgente flexibilidad de los plazos de inversión, periodo de utilización y/o mantenimiento de inversiones y especialmente en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la creación y mantenimiento del empleo como medio de materialización de la RIC, la aclaración de los preceptos que siguen generando incertidumbre y retraen el impulso que los incentivos del REF deberían provocar la recuperación de la actividad económica y el empleo de las Islas”.
La RIC no se prorroga. Revés a la economía canaria
Con el fin de conseguir la prórroga de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), partidos con representación parlamentaria presentaron enmiendas a la Ley de Presupuestos del Estado para 2022, siendo rechazadas en su totalidad. La sensibilidad del Ministerio de Hacienda y de su ministra María Jesús Montero deja mucho que desear con Canarias.
El año pasado, al borde del cierre del ejercicio, se aprobó la prórroga de 2021 para materializar la RIC correspondiente a 2016. La materialización de la RIC dotada en el ejercicio 2017 correspondería materializarse en 2021. Por tanto, se unen ambas dotaciones (2016 y 2017) en un 2021 próximo a cerrar. Situación esta última sin precedentes.
Estas materializaciones, motivadas por la situación económica actual del archipiélago, no se han realizado. Y esto va a llevar a la empresa canaria a tributar por esos incentivos fiscales a los que se acogieron en su momento. Ni la situación actual está para eso, ni Canarias se merece ese trato de un Gobierno España insensible con las islas.
Se mencionan en el Manifiesto las adhesiones al mismo: “Se acerca el final de 2021 sin atisbo de soluciones a las necesidades expresadas y por ello los decanos, presidentes y responsables de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias (AEDAF), la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, el Área de Fiscalidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (ESCOEX) de la Universidad del Atlántico Medio, los Colegios de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, el Consejo General de Economistas, los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, de Lanzarote y de La Palma, La Asociación de Empresas de Economía Social, las Agrupaciones Territoriales 12ª y 14ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, los Colegios de Graduados Sociales de Lanzarote y Tenerife, la Asociación de profesionales jurídico, laboral, económico y social de la Isla de La Palma, Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma, Confederación Canaria de Empresarios, el Consejo Canario de Graduados Sociales, el Cabildo Insular de Fuerteventura, el Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Cabildo Insular de Gran Canaria, todos unidos, con el ánimo de contribuir a la necesaria reactivación económica de nuestra Comunidad Autónoma, reivindicamos que se aclare, flexibilice y adapte el marco normativo de los aspectos tributarios del REF, sin más demora, a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo por la pandemia y el volcán”.
El Manifiesto se cierra con un mensaje que suscribo en su totalidad, ¡Todos juntos, ahora más que nunca, debemos defender nuestros fueros y necesidades como región ultraperiférica!
Corviniano Clavijo
Presidente de Crónica del Atlántico Hoy, S. L.