La "Operación Bastón", la cual es la denominación de la investigación, involucra a 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles que tienen "diversos niveles de responsabilidad y participación en los delitos que aparecen documentados", tal y como detalla la revista Semana.
La investigación de contrainteligencia militar afirma que un general vendía armas a la guerrilla de las FARC y luego a sus disidencias; las alianzas de otro con narcotraficantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la venta de armas y salvoconductos a miembros de la mafia conocida como Oficina de Envigado.
De acuerdo con la revista anteriormente mencionada, la investigación comenzó en 2017, a partir de las recomendaciones que hizo a Colombia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuando aceptó al país como su primer "socio global" latinoamericano.
La operación también fue desvelada tan solo quince días después de que Semana publicara la investigación "Las carpetas secretas", según la cual miembros del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto Gobierno.
NEGOCIOS CON GUERRILLEROS Y BANDAS
Entre los 57.538 documentos, contratos, videos y entrevistas que respaldan las investigaciones de la "Operación Bastón", algunos involucran a un general que vendía información a las FARC y luego a sus disidencias.
"De acuerdo con lo mencionado por la fuente, el grupo armado organizado (...) recibió información por parte del señor general, la cual fue recompensada con dádivas, situación que se habría presentado en diferentes oportunidades", según afirmó uno de los apartes del archivo relacionado con el oficial y publicado por semana.
Incluso hay un video en el que una guerrillera del Frente Décimo de las FARC cuenta cómo le entregó 2.000 millones de pesos (unos 511.000 dólares) al general en cuestión, cuyo nombre no fue publicado para no entorpecer la investigación y quien pidió su retiro antes de que culminaran las pesquisas.
A su vez, se cuenta con evidencias de que un general y 12 oficiales protegían y trabajaban con bandas dedicadas a la minería ilegal y con el Clan del Golfo en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca, en el suroeste del país.
No obstante, esta investigación "no encontró el respaldo necesario y por diferentes razones la información que los militares entregaban a los fiscales se fugaba o sencillamente terminaba engavetada".
PRESUPUESTO MAL MANEJADO
La investigación también menciona el caso de corrupción al que está vinculado Jorge Horacio Romero, excomandante de la Cuarta Brigada, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (alrededor 390.000 dólares).
Esto ocurrió, según otro reportaje publicado Semana el año pasado, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer por medio de "maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo".
Romero también "habría montado en la Cuarta Brigada" un esquema para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.