Fin a la guerra de los padres separados en los colegios

Los procesos de ruptura sin acuerdo acaban afectando emocionalmente a los menores y convirtiendo la escuela y los docentes en parte de la guerra existente entre los padres. Los conflictos pueden ser muchos: madres que impiden a los tutores que informen de las notas del estudiante al padre; padres que se presentan a recoger a los niños cuando no les toca; progenitores que discuten en medio de las reuniones o que no se ponen de acuerdo en la elección de centro educativo. La víctima, siempre el menor.

Por este motivo, Canarias acaba de aprobar un protocolo de actuación con parejas separadas en los centros escolares con el fin de facilitar la resolución de conflictos con los progenitores en todos los recintos educativos a partir del curso 2017-2018.

Así, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha dictado instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las instrucciones obedecen a una demanda reiterada, tanto de la dirección de los centros, como de colectivos de madres y padres separados. 

El protocolo afecta a la actuación con los padres, las madres, separados, divorciados, personas que hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados menores de edad, y especialmente ante situaciones de discrepancia o conflicto que inciden en el ámbito escolar.


"Es importante que los colegios conozcan lo que significan determinados términos como patria potestad, y que se den cuenta de que el padre también tiene derecho a la información"

En estas instrucciones, que serán de aplicación el próximo curso 2017-2018, la administración educativa define y aclara el alcance de diversos términos, como 'Patria potestad', 'Guarda y custodia' o 'Mediación' e indica a los equipos directivos de los centros escolares y a las propias madres y padres cómo deben realizarse algunas de las acciones más habituales de las que tienen lugar a diario en el sistema educativo canario.

Al respecto, la especialista en psicología infantil y forense del Centro de Psicología y Psicoterapia Andares, Virginia Santana, se ha mostrado muy satisfecha con la implantación de una medida "tan demandada y esperada como este protocolo", a la vez que asegura que es "importante que los colegios conozcan lo que significan determinados términos como patria potestad, y que se den cuenta de que el padre también tiene derecho a la información, sin olvidar que ayuden a los padres a gestionar la situación de cara al bienestar del niño". 

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Viginia Santana, psicóloga | DOCTORALIA

"Muchos hombres, padres de alumnos de los centros, tienen la patria potestad y van al colegio a recibir las notas, pero les dicen que no tienen derecho a recibir dicha información cuando eso no es cierto", subraya la experta, quien alaba que "el colegio por fin empiece a mediar". 
"Creo que era algo indispensable en la sociedad actual, pero habrá que ver cómo se implanta y evoluciona. Lo adecuado sería, cuando acabe el curso, analizar los resultados, pero como medida es maravillosa y hace tiempo que debería haberse implantado", afirma Santana.
A su juicio, será "positivo para los padres" que se forme a profesores y directores en determinados conceptos que, a veces, desconocen. "Una persona que tiene la patria potestad tiene total derecho a recibir información sobre su hijo, y se está confundiendo ese término con el de custodia. Los profesionales deben saber qué derechos tienen los padres o comenzarán los conflictos entre maestros y progenitores, cuando el cabeza de turco siempre es el niño", advierte.

Cuestiones más conflictivas

La marcha de los estudios, si hacen o no los deberes, cómo van vestidos e incluso qué traen de almuerzo se convierten en la munición que los progenitores se lanzan en la guerra que libran por la custodia. 

 Ante estas circunstancias, desde los aspectos generales de la admisión y matrícula, hasta los cambios de centro durante el curso escolar o el derecho de información de los padres o las madres o las personas representantes legales, las instrucciones tratan de abarcar y establecer modos de actuación claros en todos los principales procedimientos administrativos donde los progenitores pueden coincidir o tener diferencias a la hora de decidir por su hijo o hija menor de edad. 

El texto normativo aborda otros extremos de la vida diaria en un centro escolar, en los que es necesario contar con instrucciones que orienten las actuaciones de la comunidad educativa, también en las relaciones entre las diferentes personas que interactúan con los menores. 

Las instrucciones también tratan los criterios para la recogida y entrega del alumnado, la relación de los progenitores con sus descendientes durante y al finalizar el horario lectivo, la colaboración de los padres, las madres o las personas representantes legales con el centro docente o el procedimiento de mediación para la resolución de conflictos. 

Decisiones judiciales

Si bien la regulación legal de las relaciones familiares no es una competencia administrativa sino judicial, ello no impide el deber de la Administración educativa de respetar y hacer cumplir las decisiones judiciales sobre el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas o recogida de los menores y demás pronunciamientos que incidan en el ámbito educativo, estableciendo para este fin unos criterios básicos de actuación.