El Gobierno de Canarias pide a los ayuntamientos suelo para más de 2.200 viviendas

El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha pedido este viernes a los ayuntamientos que pongan a disposición suelo para la construcción de vivienda pública y así poder construir más de 2.200 en los próximos cuatro años.

Sebastián Franquis, tras reunirse con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), ha recordado que el Gobierno de Canarias tiene suelo y recursos económicos para que en los próximos cuatro años se construyan unas 2.200 viviendas públicas y que esa cifra puede aumentar de forma "considerable" si se suman ayuntamientos, cabildos y sector privado.

El consejero ha asegurado en rueda de prensa que con colaboración privada, de ayuntamientos y cabildos se puede incrementar "de forma notable" la construcción de vivienda pública en Canarias, donde hace ocho años que no se hace nada en este sentido.

Después de entregar a la FECAM la propuesta del Pacto Político y Social por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, ha señalado que "prácticamente todos" los ayuntamientos disponen de suelo para la construcción de vivienda y cuentan con empresas públicas destinadas a construir viviendas, por lo que ha reclamado a los consistorios que aporten propuestas y suelo.

"Los ayuntamientos nos ayudan a tener una visión más concreta", ha manifestado Franquis, quien también le ha sugerido a las corporaciones locales que prioricen económicamente en vivienda en sus presupuestos municipales, ya sea destinando recursos o cediendo suelo.

Asimismo, ha precisado que "casi todas" las 2.200 viviendas que el Gobierno pretende construir se destinarán a alquiler social, ya que, según ha admitido, para el Ejecutivo es una prioridad "absoluta" este sistema por la experiencia adquirida.

El consejero también se ha comprometido a atender en colaboración con los ayuntamientos los desahucios que se puedan producir de forma urgente y, para estos casos que son los que más preocupan a las corporaciones locales, ha avanzado que el Ejecutivo se plantea comprar vivienda.

Además, ha precisado que el plan de vivienda del Gobierno canario contará con un apartado especial para las zonas metropolitanas de las islas y otro dirigido al mundo rural, con el fin de rehabilitar vivienda y acercar a la población a esa área.

El consejero también se ha comprometido a atender en colaboración con los ayuntamientos los desahucios que se puedan producir de forma urgente y, para estos casos que son los que más preocupan a las corporaciones locales, ha avanzado que el Ejecutivo se plantea comprar vivienda.

El objetivo del Gobierno es presentar a final del próximo mes de enero el Pacto Político y Social por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias consensuado con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de Canarias para posteriormente presentar el plan de vivienda en Canarias en febrero.

La presidenta de la FECAM, Concepción Brito, que también ha participado en la rueda de prensa, ha destacado que ayuntamientos y Gobierno trabajarán para garantizar una vivienda digna a las personas con mayor dificultad económica y en riesgo de vulnerabilidad social.

Seguimos dando a conocer a la sociedad #canaria el #PactoPorlaViviendaDigna, hoy queremos sumar el apoyo de los ayuntamientos a través de la FECAM pic.twitter.com/MF5rguNs5J

Brito ha señalado que aunque los ayuntamientos pueden acometer una solución provisional o de emergencia, se necesita "otra solución a largo plazo".

Además, ha comentado que las administraciones locales han reivindicado que se atienda de manera igualitaria todo el territorio, porque aunque en las áreas metropolitanas se registra una mayor demanda, también existen zonas rurales con riesgo de despoblación.

La presidenta de Fecam ha indicado que los alcaldes han demandado políticas de rehabilitación de viviendas en las zonas rurales, sin embargo no se ha podido llevar a cabo debido a la antigüedad de algunas viviendas, que no cumplen con la normativa de habitabilidad actual.

Por último, ha explicado que se ha solicitado que en los programas de atención al medio rural se otorgue financiación a aquellas personas que no pueden abordar los gastos de toda la documentación administrativa que es necesaria para llevar a cabo las obras de rehabilitación.