Las corporaciones locales pueden ordenar el uso de la playa y limitar aforos mediante los sistemas que consideren oportunos, pero deben tener en cuenta ciertas excepciones, según establece el reglamento de la Ley de Costas.
Así, por ejemplo, la ley determina que se dejará libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo, desde la orilla hasta el lugar que alcanza la pleamar, área que será de uso general.
Los ayuntamientos pueden ordenar el uso de las hamacas y establecer distancias entre una y otra, pero esas instalaciones solo pueden ocupar un máximo del 50 por ciento de la superficie total de la playa en pleamar cuando esta se encuentre en un entorno considerado urbano, con edificaciones cercanas.
En el caso de entornos naturales, esta ocupación máxima de hamacas e instalaciones similares se reduce al 10 por ciento de la superficie de la playa en pleamar, de acuerdo a la ley.
Según la ley, los ayuntamientos tienen el derecho preferente de los usos y rendimientos de la playa y a cambio tienen la obligación de mantenerla limpia y en buen estado.
Con esas competencias algunos municipios ya han empezado a bosquejar ideas, como dividir la playa en cuadrículas, poner en marcha programas que permitan conocer su ocupación o distribuir el espacio con una aplicación del teléfono móvil.
En caso de que el Gobierno decida alguna medida sobre el uso de las playas, todas esas iniciativas deberían adaptarse a la norma estatal que se establezca