La Audiencia de Las Palmas inicia el juicio "caso Stratvs", el peor atentado ambiental de Lanzarote

La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar en Lanzarote el próximo martes, 14 de enero, la pieza principal del denominado "caso Stratvs", la construcción de la bodega que la Fiscalía califica como "el peor atentado ambiental" que ha sufrido esa isla desde los años noventa.

En este juicio, se examinarán las múltiples irregularidades que el Ministerio Público aprecia en el proceso de construcción en la comarca de La Geria de esa bodega, que en su inauguración en 2008 llegó a ser presentada como la más moderna de Europa y cuya puesta en marcha supuso una inversión de 18 millones de euros.
La Fiscalía pedía inicialmente 15 años de cárcel para el dueño del complejo, Juan Francisco Rosa, al que acusa de una serie de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente que, bajo su criterio, han ocasionado a Lanzarote un daño sin comparación desde que la isla fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993.

Sin embargo, la acusación pública tendrá que ajustar su escrito inicial de cargos, porque parte de los hechos se separaron de la causa principal por afectar a una aforada (la exalcaldesa de Yaiza y exdiputada de Nueva Canarias, Gladys Acuña) y ya han sido juzgados.
En esa primera vista, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró probado que la construcción de Stratvs incurrió en serias irregularidades urbanísticas y ambientales y fue posible gracias a la prevaricación de dos alcaldes de Yaiza, José Francisco Reyes y Glady Acuña, y del secretario del Ayuntamiento, Vicente Jesús Bartolomé, a los que inhabilitó para ejercer cargo público por un periodo de entre siete (Reyes) y 14 años (Acuña y Bartolomé).
En cambio, el dueño de la bodega salió absuelto de ese juicio, en el que se enfrentaba a una solicitud de año y medio de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Entre ese juicio ya celebrado y el que se comienza dentro de una semana en la Audiencia de Las Palmas, la Fiscalía señala como responsables de los delitos que aprecia en la construcción de Stratvs a 16 personas y exige la demolición de la bodega.

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Un momento de la primera vista celebrada por el caso Stratvs | ARCHIVO

 12.000 m2 construidos en el paraje de La Geria

El Ministerio Público recuerda que la investigación llevada a cabo por el juzgado que se instruyó el caso reveló que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda ya existente en el paraje protegido de La Geria y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega mucho mayor. En total, 12.000 m2 construidos.
La Fiscalía sostiene que Juan Francisco Rosa, con objeto de satisfacer su "ansia de lucro económico" en perjuicio de los valores paisajísticos e históricos de Lanzarote, se concertó desde 1998 con el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana para llevar a cabo la construcción y posterior explotación de ese complejo.
Ambos acusados eran "plenamente conocedores que la normativa en materia de ordenación territorial, urbanística y medioambiental prohibía expresamente el proyecto por tratarse de uno de los lugares de mayor protección de la isla de Lanzarote "dada su belleza, por su singularidad y valor paisajístico único en el mundo, y por su valor cultural, etnográfico e histórico", señala el fiscal.
Por ello, siempre según la acusación pública, el empresario Rosa se ocupó de garantizar que ninguna de las administraciones públicas "pusiera traba alguna a sus desmanes urbanísticos y especulativos, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular", así como de convertir La Geria, "patrimonio de todos los lanzaroteños, en un negocio privado".
Añade el fiscal que ambos acusados sabían que su proyecto "contravenía groseramente la normativa" y, para ello, "enmascararon sus intenciones" y falsearon los datos consignados en el proyecto para intentar engañar a funcionarios y autoridades.
Según el Ministerio Público, empresario y arquitecto asumieron también el grave riesgo de desequilibrio ecológico y contaminación que se ocasionaría en ese paraje especialmente protegido, al carecer el complejo de un sistema de depuración adecuado para la evacuación de las aguas residuales procedentes de la explotación.