La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha reclamado al nuevo Gobierno que no fije techo a los precios de los alquileres, después de que esa medida haya tenido, a su juicio, efectos contrarios a los deseados en ciudades como París y Berlín.
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos permite que los "ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas".
Para la APCE, el acceso a una vivienda asequible debe ser una de las prioridades del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero cree que en España, donde más del 95 % de las viviendas en alquiler están bajo la gestión de particulares, medidas de estas características desincentivan la salida al mercado de nuevos inmuebles, lo que reduce la oferta disponible y condiciona nuevamente los precios al alza.
La asociación que preside el empresario madrileño Juan Antonio Gómez-Pintado sostiene que el Gobierno tiene que ir a la raíz del problema y desarrollar políticas que contribuyan a aumentar la oferta de primera vivienda, ya sea en alquiler o en compra, y como consecuencia, a moderar los precios.
Tras celebrar la constitución del Gobierno y abogar por un periodo de estabilidad política que mejore la seguridad jurídica del sector inmobiliario, la APCE defiende que la colaboración público-privada es fundamental para fomentar el acceso asequible a la vivienda, en especial para los jóvenes. En esa línea, los promotores valoran la voluntad política del Ejecutivo de movilizar suelo público, incentivar la vivienda social y aumentar los recursos destinados al sector.
Las ciudades del mundo siguen regulando fuertemente el acceso al alquiler de vivienda y al mercado inmobiliario. Aquí es importante se vote en el senado la #LeyDeAlquilereshttps://t.co/vAWRvJhf2A
— Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) January 10, 2020
No obstante, consideran imprescindible una mayor cooperación institucional para generar un marco normativo que ponga fin a la "excesiva" acumulación de normas urbanísticas y la judicialización del urbanismo.
Reclaman además que las administraciones fomenten la digitalización de los procesos burocráticos de las concesiones de licencias, lo que optimizará y agilizará los trámites y supondrá un abaratamiento en los precios de vivienda para sus compradores, aseguran.
Tras asegurar que el sector inmobiliario está trabajando en el cumplimiento de los objetivos del nuevo Gobierno y de la Comisión Europea sobre eficiencia energética y sostenibilidad de los núcleos urbanos, la APCE ofrece su colaboración a los ministerios e instituciones correspondientes.