El Gobierno se plantea levantar más restricciones junto al alivio del confinamiento de los niños

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha descartado que, tras el alivio del confinamiento de los menores a partir del próximo día 27, anunciado el pasado sábado por el presidente del Ejecutivo, "puedan haber otras medidas que se puedan ir desplegando a lo largo de esa semana".

No obstante, se haría, según ha insistido en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa, "en función de los marcadores e indicadores que van a permitir controlar cuestiones tan importantes de nuestro sistema sanitario para abordar la enfermedad y la propia propagación del virus cuando desarrollamos determinados movimientos".

Montero ha asegurado que el Gobierno no iba a anticipar ningún escenario sobre el que los expertos no hayan dado indicaciones al Ejecutivo, pero sí ha dicho que hacer deporte, de forma individual, es una de las cuestiones "que puede pivotar y que están estudiando los técnicos en función de unos marcadores", que van a ser la guía para que el Gobierno adopte una decisión u otra.

Según Montero, hay diferentes formas de ir aliviando el confinamiento y de ir recuperando la normalidad, y éstas tienen que ver con las actividades y con los grupos de población y los territorios, pero aún el comité de expertos aún no ha decidido respecto a que comunidades podrían anticipar comportamientos, que luego se extenderían al resto de España.

Es lo que el Gobierno está estudiando y sobre lo que -ha dicho- no quiere especular porque considera que genera confusión a la población, de ahí que haya que ser "muy cautos".

Montero ha hecho hincapié en que todo el proceso de desescalada va a estar monitorizado por esa serie de marcadores y en que el Gobierno jamás se va a anticipar a ninguna cuestión técnica y sus decisiones van a ir de la mano de los expertos .

También se ha referido a las consecuencias del uso de una partida de mascarillas defectuosas por parte de algunos profesionales y ha dicho que los centros sanitarios serán los que pongan en marcha el funcionamiento del servicio de riesgos laborales para decidir al respecto.