"El objetivo es agilizar los trámites burocráticos al ciudadano y dotar de mayor seguridad jurídica a los operadores implicados", ha alegado Oswaldo Betancort
Según informa en un comunicado el Ayuntamiento de Teguise, ante la nueva situación creada con la efectiva nulidad del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG) y con la reviviscencia de la anterior normativa de planeamiento, -las Normas Subsidiarias Municipales-, para el Ayuntamiento de Teguise se han abierto nuevas incertidumbres a la hora de conceder permisos y licencias a los vecinos de Famara y de La Graciosa.
A los efectos de la anulación del PRUG, se unen las dudas ocasionadas con las medidas cautelares adoptadas por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias con el inicio del expediente para la redacción y tramitación del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales), y que afecta al mismo Espacio Natural.
El informe previo
Según explica el Consistorio de Teguise, se añade ahora al procedimiento de autorización de actuaciones la exigencia del informe previo de la administración actuante a la hora de autorizar o informar la realización de actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan.
Según explica el Consistorio de Teguise, se añade ahora al procedimiento de autorización de actuaciones la exigencia del informe previo de la administración actuante a la hora de autorizar o informar la realización de actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan.
A este respecto, la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Teguise, Olivia Duque, entiende que “el informe debe emitirse por la Consejería del Gobierno de Canarias que redacta el documento, y que debe ser emitido en el plazo máximo de 90 días tal y como indica el art. 23.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”.
“El objetivo de este ruego es el de agilizar la burocracia administrativa al ciudadano y dotar de mayor seguridad jurídica a los operadores implicados, por lo que instamos a la Consejería de Política Territorial que emita una resolución por la cual indique qué tipo de actuaciones, de forma genérica, podrían quedar exentas de la solicitud del referido informe por entenderse que no suponen una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan y, en especial, en lo que a los núcleos de población se refiere”, ha declarado por su parte el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort.