La lucha contra la clandestinidad empresarial

Este miércoles se celebra el Día Mundial de las Microempresas y las Pymes, jornada para analizar el valor de las mismas y la situación, siempre complicada, en una era en la que las grandes empresas nacionales y multinacionales se expanden sin pudor, poniendo en aprietos a esos comerciantes que han dedicado toda una vida a ejercer su oficio en sus locales, o aquellos que emprenden su aventura empresarial y se chocan de frente con la realidad de las mastodónticas competencias millonarias y a las empresas clandestinas.

Dos elementos económicos que vienen poniendo en jaque en los últimos tiempos a los empresarios y que, si bien uno es complicado -o imposible- de combatir, como es el de las multinacionales y grandes comercios, el otro sigue siendo un terrero de lucha en el que la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) ha dado un toque de atención a las autoridades para lograr la deseada supresión de este tipo de economía sumergida.

“Resulta vergonzoso, inquietante y lamentable que Canarias sea la cuarta autonomía española con una mayor tasa de trabajos en negro y que la ilegalidad se coma el 26,1 por ciento de la recaudación fiscal”, comentó el presidente de Femete, Alberto Villalobos, en un comunicado enviado por la corporación. Una declaración a colación, y como petición urgente, de la aplicación del convenio firmado en 2014 entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobierno canario para combatir esa economía sumergida y el empleo irregular.

“Llevamos clamando en el desierto del trabajador y la verdad es que no sé por qué no se ha aplicado”, explica para atlanticohoy.com el secretario general de Femete, José González González. “Hay una labor pendiente en toda España que es la del empresario que trabaja en la clandestinidad y que hace su actividad a puerta cerrada”, añade.

Ante la pasividad de acciones efectivas tras la forma del convenio, Femete urge la puesta en marcha ya de técnicas y estrategias que acaben “con tan peligroso y dañino mal que afecta tanto al tejido empresarial como a la sociedad, en general”, insistía Villalobos en el comunicado.
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El secretario general de Femete, José González González | CEDIDA

Para ello, la patronal propone crear cuanto antes la Unidad de Lucha Contra la Empresa Clandestina (ULEC) a la que ciudadanía, patronales y sindicatos puedan acudir para denunciar conductas o situaciones irregulares o ilegales y que realmente actúe con agilidad y eficacia. “A ver si de esta manera”, alega José González a este periódico digital, “conseguimos concienciar al político que es tan importante la búsqueda del trabajador que está indebidamente contratado, como la del supuesto empresario que realiza una actividad económica sin pagar impuestos y que defrauda mucho más que ese trabajador mal contratado”.

“Resulta vergonzoso, inquietante y lamentable que Canarias sea la cuarta autonomía española con una mayor tasa de trabajos en negro y que la ilegalidad se coma el 26,1 por ciento de la recaudación fiscal”

¿Quién integraría la ULEC?
Tal y como establecieron el Ministerio y el Gobierno de Canarias en el convenio suscrito en 2014, esa unidad estaría integrada, con carácter permanente, por funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, adscritos a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Canarias y por autoridades y altos funcionarios del Gobierno de Canarias representantes de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Canario de Empleo. A lo que Femete añadiría, como propuesta, representantes de las principales patronales y sindicatos para facilitar el intercambio de información que permita o contribuya a detectar esas actividades económicas fraudulentas o no declaradas.

Presente y futuro de las micropymes y pymes de Tenerife
A falta de solucionar este punto tan necesario en el desarrollo económico a día de hoy, el secretario general de Femete analiza también en AtlánticoHoy la salud de las micro, pequeñas y medianas empresas de Tenerife. “Parece que empezamos el momento de la recuperación después de ocho años de crisis, que ha significado costes de todo tipo”, señala. Todo ello después de una situación de “indigencia” para las micropymes, que obligaron a cerrar a muchas, aunque en 2018 “parece que todo empieza a repuntar".

En cuanto al futuro de estas empresas, González prefiere ir mirando “año a año, a corto plazo”, ya que con la experiencia acumulada a lo largo de sus 25 años en el cargo “tener mucha perspectiva de futuro ya nadie la va a tener durante muchos lustros”. En este sentido, afirma que la inversión está siendo “muy moderada y con las espaldas muy cubiertas” para no vivir una situación parecida a la pasada.

Mirando con deseo en el largo plazo, el representante de Femete confía en lograr el marco ideal y deseado libre de clandestinidad empresarial y con unas pymes y micropymes sanas. “En estos 25 años he visto cambiar muchas cosas regulatorias”, resalta. “Algo impensable como el tema de la prevención, la seguridad de datos, la seguridad de delitos fiscales, en la que engañar a Hacienda era un ‘premio’. Todo ya tiene un marco regulatorio”. A pesar de estos avances y la positiva mirada hacia el futuro lejano, González sigue creyendo que hay una asignatura pendiente a nivel nacional: “No podemos estar con unos niveles de economía sumergida del 26%”.

YoSoyLegal

El presidente de Femete recordó la plataforma www.yosoylegal.es, en formato web y 'app' que puso en marcha esta patronal, en colaboración con Femepa y con el firme apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife, además de otros ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de promocionar a los profesionales que cumplen con la legalidad, aportando calidad, garantía y seguridad en los servicios que ofrecen, frente a quienes operan de forma irregular y desleal con absoluta indefensión para el contribuyente; así como incentivar que el consumidor utilice los servicios de profesionales legales, mejorar la competitividad y, al mismo tiempo, concienciando a quienes ejerzan actividades en situación irregular o ilegal de que merece la pena que cumplan con la legalidad.