El fiscal Ignacio Stampa ha presentado esta tarde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sus conclusiones sobre las irregularidades cometidas en esa bodega de La Geria, que en su día se presentó como la más moderna de Europa, pero que él describe en su escrito de cargos como "el peor atentado ambiental" que ha sufrido Lanzarote en décadas, desde que es Reserva de la Biosfera.
La Sala de lo Penal del TSJC solo examina en este juicio los hechos que tienen relación con la concesión de la licencia de actividad a la bodega, porque son los únicos que presuntamente señalan a la entonces concejal de Yaiza Gladys Acuña, hoy alcaldesa del municipio y diputada de NC en el Parlamento canario.
El representante del Ministerio Público ha ironizado, además, con una de las frases que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés (CC), dijo ayer mismo ante la Sala al declarar como testigo, cuando reconoció que bebió vino elaborado en la propia la bodega el día de su inauguración y apostilló: "si no nos engañaron".
El representante de la acusación pública también ha recordado unas palabras del promotor de la bodega, el empresario Juan Francisco Rosa, pronunciadas en una entrevista que concedió al poco de abrirla: "Esta ha sido una de las mayores inversiones que se han hecho en Lanzarote en los últimos años al margen de los hoteles".
"La Fiscalía ya está muy satisfecha con que la función que tiene encomendada llegue a juicio, a pesar de las campañas de acoso y derribo contra técnicos, contra funcionarios, contra jueces, contra fiscales... quejas, querellas, denuncias..." ha señalado.
El caso es, según el fiscal, que "nadie quiere que Juan Francisco Rosa esté aquí sentado", a pesar de que muchos de los acusados "salen en la fotos de la revista de la inauguración de la bodega" o han sido retratados con el empresario en otros actos.
El Ministerio Público ha recalcado que no puede pasarle "desapercibido" al TSJC que "ninguna administración se quejó, protestó o revisó" las obras o permisos de la bodega.
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El dueño de Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha alegado hoy que los contactos que mantuvo con ediles del Ayuntamiento de Yaiza para sacar adelante la construcción de su bodega en La Geria no pretendían traficar con influencias, sino hacer lo que nadie iba a hacer por él: defender su proyecto
"Cuando necesitaba que me movieran los papeles llamaba a quien tuviera que llamar. Y lo seguiré haciendo mientras esté con un proyecto en donde quiera que sea. Me tengo que interesar yo, nadie va a hacerlo por mí", ha respondido al fiscal del caso el empresario lanzaroteño, en su declaración en el primero de los dos juicios que van a examinar las presuntas irregularidades cometidas en su bodega.
En la sesión de tarde del juicio que desde hoy celebra en Arrecife el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a diferencia de procesados, Rosa no ha tenido inconveniente en contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, al menos a parte de ellas, hasta que su abogado defensor le ha recomendado no seguir.
Al inicio de su interrogatorio, el fiscal Ignacio Stampa -que se refiere en su escrito de cargos a la bodega Stratvs como "el peor atentado medioambiental" que ha sufrido Lanzarote en décadas- le ha preguntado si recuerda haber solicitado licencia de actividad.
"Sin lugar a dudas", ha replicado Rosa, que ha dado la misma contestación a la pregunta relativa a si el suelo en el que pretendía desarrollar esa actividad era el mismo que el terreno donde se le autorizaba construir la bodega.
Las dimensiones
Sin embargo, sobre si las dimensiones de la bodega para la que pidió la actividad eran las mismas que le había autorizado construir no ha querido responder (la Fiscalía mantiene que pidió permiso para construir una bodega-almacén de 900 m2 y acabó construyendo trece veces más, cerca de 12.000 m2).
Con respecto a las llamadas que realizó para que se le concediera la actividad, Rosa ha matizado que "nunca" llama a una administración "para conseguir, sino para defender" sus obras, "como es normal en cualquier empresa".
"Yo solicito algo en 2005 y me lo vienen a conceder en 2008, o sea tres años después... ¡vaya influencia buena que tenía yo!", ha apuntado, justo antes de que su abogado le aconsejara que no siguiera contestando al interrogatorio del fiscal.
A preguntas de su defensa, Rosa ha dicho que la relación que mantenía con el también acusado Leonardo Rodríguez, en aquellas fechas concejal de Urbanismo de Yaiza, era "la de un hombre más en el pueblo", sin que tuviera "ninguna ascendencia" sobre él o sobre el resto de ediles y técnicos municipales encausados.
"Tardaba"
El empresario lanzaroteño sostiene que habló con Rodríguez para interesarse sobre la licencia que había pedido en 2005, ya que entendía que ya estaban todos los informes para que recibiera el visto bueno, pero "tardaba".
Todos los miembros de la junta municipal de gobierno de Yaiza en aquellas fechas han respondido solo a sus abogados y al tribunal, pero no a la acusación popular, ni a la particular, ni al fiscal.
Así mismo, todos han coincidido en aclarar que su relación con Juan Francisco Rosa es de "vecinos" o "conocidos", sin que mantengan en ningún caso una relación personal con el empresario.
El primero en declarar en la sesión de esta tarde ha sido Evaristo García, exconcejal Yaiza por el PIL, que ha recordado que en la junta de gobierno "se trataron dos licencias, una a BTL Lanzarote, empresa de Juan Francisco Rosa, y otra a Hermanos Tavío".
Con respecto a la de BTL ha indicado que el secretario, el también procesado Vicente Bartolomé, "dio fe del expediente" y mostró a los ediles "todos los informes positivos de las administraciones, entre los que había uno del Gobierno de Canarias y otro del Cabildo de Lanzarote".
"Yo confiaba en el buen hacer del secretario y no comprobaba los expedientes", ha alegado García. "No tenía detalles a la hora de votar. Yo iba allí y, si todo estaba positivo, no tenía ninguna duda de votar a favor, creía en la fe del secretario", ha añadido.
Por su parte, Juan Lorenzo Tavío, exedil de Yaiza por CC, ha argumentado que cuando el secretario y técnico municipal explicaban el contenido de un informe favorable, los ediles no tenían "potestad para desautorizarlos si estaba todo conforme". "Y todos los informes del expediente eran favorables", ha enfatizado.
Por su parte, Leonardo Rodríguez, exconcejal de Urbanismo por CC, ha especificado que los expedientes que se tratan en la junta de gobierno se conocen en ese mismo momento y que, en el caso de Stratvs, el expediente de actividades clasificadas contenía un dictamen del técnico municipal, la resolución del Gobierno de Canarias y la del Cabildo de Lanzarote, además de dos informes más, uno de Sanidad y otro del Consejo Insular de Aguas.
Todos eran de carácter favorable, ha apuntado, por lo que "era muy sencillo: si todos los informes eran favorables votamos a favor, porque no teníamos nada que objetar".
Con respecto a su relación con Rosa, ya que le fueron intervenidas algunas llamadas a raíz del "caso Unión", Leonardo Rodríguez ha declarado que "lo trataba como a cualquier otro vecino". "Yo hablaba por teléfono con cualquiera que me llamara", ha alegado.
El exedil de Urbanismo ha negado que ninguna de sus conversaciones con el empresario fuera para tratar asuntos de la bodega y ha afirmado que la información que le dio era "absolutamente pública".
Otro de los procesados, José Antonio Rodríguez, que también tuvo competencias en Urbanismo como concejal de Yaiza, ha explicado que el Ayuntamiento mandó a inspeccionar la bodega y la junta de gobierno local incoó un expediente sancionador.
En esos mismos términos se ha pronunciad la actual de Yaiza y diputada autonómica de NC, Gladys Acuña, que ha dicho que se enteró de la actividad de restaurante que existía en la bodega Stratvs por la jueza del caso, cuando fue a declarar en julio de 2003.
A raíz de ahí, ha apuntado, ordenó que "se fuera al complejo de forma inmediata y se inspeccionase". Y de hecho, ha relatado que en mitad de esa inspección, el dueño exigió que se fueran y tuvieron que volver a realizar la visita "en compañía de la Policía Local".
A partir de la inspección se incoaron tres expedientes sancionadores municipales sobre Stratvs: uno por la bodega, otro por la tienda y otro por el restaurante que terminó con el cese, clausura y precinto de esa instalación.
"Con el restaurante lo teníamos clarísimo", ha señalado la alcaldesa, que en cambio ha indicado que la arquitecta municipal y el ingeniero de obras públicas "tenían dudas con los otros dos informes y necesitan más información, porque entre otras cosas, habían cambiado las leyes". Entonces "se pidió cooperación al Cabildo por la falta de medios, pero nunca respondieron".
"Hoy en día es un escándalo la bodega Stratvs, pero por aquel entonces nadie me dijo nada, ni siquiera la Agencia del Medio Natural. Pero nosotros actuamos desde que tuvimos conocimiento de lo que ocurría", se ha defendido Acuña.
A Gladys Acuña, además del delito de inactividad respecto a las actividades de la bodega se le imputa otro sobre la licencia al que llegó la Junta de Gobierno el 19 de diciembre de 2008.
La actual alcaldesa ha recordado al respecto que se incorporó al trabajo, tras una baja de maternidad, cuatro días antes de que la Junta de Gobierno diera la licencia de actividad a la bodega.
"No fui informada de ninguna irregularidad. Si hubiese habido algún informe desfavorable hubiéramos dejado el expediente sobre la mesa", ha manifestado.