Madrugada del 23 de marzo del 2018: Ricardo O., de 23 años, acuchilla a sus padres y a su abuelo en Guaza (Tenerife). Dos meses después, entre el 22 y el 27 de mayo: Irene T.T. y Joel M.M., de 19 y 20 años, respectivamente, maltratan y asesinan a su hija de 5 meses también en Tenerife (La Matanza).
Ambos casos fueron juzgados entre junio y julio de este año en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife: todos culpables, según los veredictos emitidos por sendos jurados populares.
¿Qué condujo a estos jóvenes, recién salidos de su minoría de edad y de su adolescencia, a cometer esos delitos? ¿Cuándo comienza la sucesión de errores? Efe ha hablado con la psicóloga Joanna Martín y con el fiscal de menores de la provincia, Manuel Campos, para tratar de responder esas cuestiones y contextualizarlas.
Ricardo O., hijo de un matrimonio acomodado, siempre sostuvo durante el juicio que sus padres lo maltrataban psicológicamente, aunque nunca físicamente. No se negaron a que regresara a casa meses antes de los hechos, le perdonaron que robase unos cheques y, en general, se preocupaban por él. Invirtieron miles de euros para que comenzase una carrera en una universidad privada en Madrid. Este objetivo vital, según Ricardo O., le fue impuesto por ellos y cercenó su sueño de convertirse en jugador profesional de baloncesto.
Joel M.M., sin embargo, provenía de una familia desestructurada, y siempre fue un menor problemático, muy violento, que pasó por el Centro de Internamiento “Valle Tabares”, según se supo durante el proceso judicial.
La psicóloga Joanna Martín ha asegurado que las características personales y el desarrollo moral de una persona son factores hasta cierto punto independientes de su contexto socioeconómico y cultural, como demuestran, entre otros ejemplos, ciertos casos de superación ante adversidades vitales (resiliencia).
O el hecho de que la delincuencia, la violencia y el consumo de drogas se dan también en clases de alto poder adquisitivo.
ENTORNOS NEGLIGENTES
Joanna Martín, eso sí, no le resta importancia al contexto familiar y social. Entiende que entornos familiares negligentes, en los que abunden drogas y maltratos, convertirán poco a poco al menor en una especie de “superviviente” que normalizará situaciones excepcionales y de especial dureza.
Situaciones tan extremas que, aunque incluso el menor consiga desarrollarse y aprender a convivir en sociedad de una manera sana, pueden continuar afectando a su salud mental durante su etapa adulta.
“Un entorno negligente por parte de los progenitores, donde el estilo educativo resulta muy permisivo, o contradictorio, o muy despreocupado, o muy autoritario y exigente, genera muchas incoherencias en un menor que todavía no dispone de capacidad de decisión ni ha desarrollado valores. Su conducta será errática”, ha subrayado la psicóloga.
Los menores adquieren entonces una impotencia aprendida porque carecen de modelos de adultos como referentes positivos o grupos de iguales con los que identificarse.
“Al final, lo que quiere un niño o una niña es sentir afecto y cariño”, recalca el fiscal de menores Manuel Campos.
DROGAS
Joel M.M., según declaró el mes pasado, fumaba entre 20 y 30 porros al día. Irene T.T. también consumía esporádicamente. Y Ricardo O. estuvo un tiempo enganchado a la misma sustancia, aunque el día que cometió el crimen múltiple no se encontraba bajo sus efectos.
Joanna Martín asegura que los jóvenes contactan con las drogas a edades cada vez más tempranas, hasta alcanzar casos extremos de menores de 16 años que combinan cannabis, MDMA, benzodiacepinas o cocaína.
“Buscan experimentar y sentir emociones límite. Pero ese consumo altera la forma de procesar información, de razonar, de controlar los impulsos y de desenvolverte en el mundo”, advierte la psicóloga.
Manuel Campos añade, además, que las drogas pueden funcionar como “bombas de relojería” en ciertos perfiles psicopáticos.
Y entiende en esa línea que los perfiles psicópatas “se hacen, se cultivan” a lo largo de una infancia muy probablemente plagada de maltratos y condicionada por la experiencia fatal de estar y sentirse abandonados.
Un asesinato intensivo https://t.co/adjUDsbwSl
— EFE Canarias (@EFE_Canarias) August 9, 2020
ESPERANZA
La delincuencia juvenil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha bajado en los últimos 10 años un 60 %. El Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores “Valle Tabares” acogía hace tres años a entre 60 y 70 jóvenes; hoy, a 24.
Manuel Campos va más allá: hace una década, el 52 % de los internos en las cárceles de la provincia contaban entre 18 y 30 años. Hoy, la mitad de los reclusos se sitúa entre los 30 y los 50 años.
La Fiscalía de Menores gestionaba en el 2009 más de 1.000 expedientes. “Hoy no creo que lleguemos a 400”, añade el fiscal. Y remata: “Ha habido 4 asesinatos (cometidos por menores) en 20 años de vigencia de la Ley del Menor. Solo uno en los últimos 10”.
Estos datos “contundentes” se explican, entre otros motivos, por la “política criminal única” que se ha realizado durante los últimos años, que permite reunir en una sola base de datos a los menores conflictivos e individualizar así el resto de los procedimientos de protección y reforma. “Ya no tratamos a los menores como un número”.
Una política unificada, entre otros asuntos, por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, y que ha demostrado su eficacia pese a recibir en su momento muchas críticas, según Campos.
Porque todos los casos de delincuencia de menores se enjuician como muy tarde tras dos meses y porque, además de sancionar, la Ley del Menor también pretende reformar o educar, sostiene Campos.
“Hay menos delitos, la mayoría en el ámbito familiar, conocida como violencia intrafamiliar. Pero también son casos más graves. La agresividad es mayor, y esa característica es un reflejo de nuestra sociedad”, lamenta el fiscal.
Ambos entrevistados, cada uno desde su disciplina, insisten en que la educación, entendida como un todo más allá de lo académico, resulta el mejor método para prevenir que los jóvenes se conviertan poco a poco en delincuentes o criminales.
Joanna Martín cree mucho en el “cambio personal” a través de una buena formación y de una intervención psicológica eficaz.
El fiscal defiende la necesidad de un pacto educativo “grande” que proteja a los niños, entre otros asuntos, de los aspectos nocivos de las redes sociales y los entornos digitales, porque reciben todo tipo de información sin haber finalizado su madurez.
Si el propio sistema es capaz de acoger a los adolescentes y de convencerles de que ciertos caminos vitales no conducen a nada bueno, encuentran esperanza: “si se les ayuda, la gran mayoría sale”, concluye Manuel Campos.