Más control a los ciudadanos sobre sus datos en la red

El Gobierno británico ha divulgado los detalles de un nuevo proyecto de Ley sobre protección de datos destinado a otorgar a los ciudadanos un mayor control sobre su información personal publicada en línea.

La propuesta, anunciada el pasado junio en el llamado "Discurso de la Reina" (el programa legislativo del nuevo Ejecutivo), fue diseñada por el secretario de Estado de asuntos digitales, Matt Hancock y se introducirá el próximo mes en el Parlamento a la vuelta del receso estival.

Según dispone esa legislación, los ciudadanos podrán solicitar por ley a las empresas de medios sociales que eliminen cualquier información personal de la que dispongan sobre niños y adultos.

La nueva Ley otorgará además poderes adicionales para que el organismo regulador de información pueda sancionar económicamente a las compañías que infrinjan las normas con multas de hasta 17 millones de libras (18,8 millones de euros) o el 4 % de su facturación global.

Actualmente, la sanción máxima que pueden afrontar las empresas por quebrar la ley asciende a 500.000 libras (553.000 euros).

Normativa
En virtud de esa normativa, los ciudadanos tendrán que otorgar un consentimiento explícito para que sus datos puedan ser recopilados en línea y podrán, también, solicitar a las plataformas sociales que borren información personal que publicaron durante su infancia.

Entre otros aspectos contemplados, los padres o tutores legales de menores tendrán que dar consentimiento expreso para que los datos de sus hijos sean empleados, según esto.

"El nuevo proyecto de Ley sobre Protección de Datos nos dará algunas de las normativas más robustas, y a la vez más dinámicas, sobre datos del mundo", ha afirmado Hancock en un comunicado difundido hoy.

Según el político, esa normativa "dará a las personas más control sobre su información, requerirá de más consentimientos para su empleo y preparará al Reino Unido para el 'brexit'".

Ese último punto relativo a la salida del país de la Unión Europea (UE) se refiere a que la nueva legislación transferirá la actual Regulación General sobre Protección de Datos de la Unión Europea a la legislación doméstica.