Greenpeace ha denunciado "malas políticas ambientales" en múltiples comunidades autónomas, entre ellas Canarias, que, al amparo de la reactivación económica tras la pandemia, promueven la destrucción ambiental y suponen un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública.
En concreto, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias "aprovechan el discurso económico" tras la COVID-19 para agilizar proyectos sin suficiente evaluación de impacto ambiental, afirma la organización ecologista en un comunicado.
Para Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad de la organización, la pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto medioambiental, y ha acusado a los gobernantes de no extraer ninguna lección aprendida con anterioridad.
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Según Greenpeace, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha anunciado que el Ejecutivo promoverá una modificación puntual de la Ley del Suelo para agilizar inversiones con criterios sostenibles.
Asimismo, Andalucía ha modificado la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) para reducir plazos en planes urbanísticos, a pesar de la "imposibilidad" de la propia Junta de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán "sin las debidas garantías".
Asimismo, señala que dicha comunidad pretende reformar la Ley del Suelo para proyectos urbanísticos en el litoral andaluz, como las 2.500 viviendas y un hotel de 300 habitaciones en el valioso Pinar de Barbate (Cádiz) o la construcción de un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas en los pocos tramos sin urbanizar entre Nerja y Maro.
En la Región de Murcia las medidas adoptadas por el Gobierno repiten el mismo argumento de "acelerar" la reactivación económica mediante la aprobación de dos Decretos Ley que modifican la Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada.
Según los ecologistas, en la Comunidad de Madrid la reforma de la Ley del Suelo se va a hacer por vía urgente para eliminar los "trámites que dificultan el trabajo del sector y poder desbloquear" hasta 2.000 expedientes urbanísticos, de forma inmediata, y 32.000 más a medio plazo.
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Aunque sin modificaciones de leyes o vía decreto, la Xunta de Galicia ha declarado "esenciales" casi un millar de expedientes pendientes de tramitación, de esta manera, podría reactivarlos, "incluso los de elevado impacto ambiental", sin los adecuados canales de participación pública, añade.
El gobierno de la Junta de Castilla y León, según esta organización, también ha anunciado la modificación de la Ley de Urbanismo para agilizar las licencias urbanísticas y trámites administrativos con medidas como la declaración responsable en apoyo al sector de la construcción, la obra pública y privada, claves en la recuperación económica.
En Castilla-La Mancha -añaden- se van a proponer dos leyes por tramitación exprés para agilizar los procedimientos económicos y de instalación de empresas y, por otra parte, facilitar los procedimientos urbanísticos.