Una búsqueda del tesoro puede salir cara tanto económica como medioambientalmente por mucho que se encuentren 1.000 euros enterrados. En esta ocasión, la investigación del Cabildo de Gran Canaria ha recogido que la excavación en la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas no se trata de un delito medioambiental y el caso ha quedado en una sanción administrativa.
Sin embargo, si el informe definitivo elaborado por la corporación insular hubiera expuesto que el atentado contra el espacio protegido era un delito ecológico, las consecuencias podrían haber sido incluso de seis meses a dos años de prisión al tratarse del incumplimiento del artículo 325 del Código Penal, según Antonio Hernández, abogado medioambiental.
Informe del Cabildo
La investigación realizada por los agentes de Medio Ambiente ha concluido que la acción de este grupo de personas con sachos y palos no produjo afecciones graves. El consejero insular del área, Raúl García Brink, ha explicado que “los daños no son graves” y no se ha afectado “ni a la vegetación ni a la fauna”, además de que “con el viento que ha habido durante el fin de semana el daño paisajístico se ha restaurado”. Por tanto, no se llega a considerar un delito y ha quedado en una infracción de las normas de uso del espacio a la han establecido la sanción máxima administrativa, 600 euros.
La actividad promovida por los influencers como parte de una campaña publicitaria se llevó a cabo en una zona de libre tránsito, fuera de la denominada zona de protección, lo que si hubiera conducido a que la corporación delégase el caso a la Fiscalía. En cuanto a las sanciones, la normativa de uso y gestión de la reserva establece multas desde los 150 a los 600 euros, estableciendo la mayor cuantía debido al “efecto llamada” que se produjo por las redes sociales.
Delito medioambiental
En el caso de que sí se hubiese cometido el acto en paraje protegido, otro gallo cantaría y se podría considerar un incurrencia del artículo 325 del Código Penal, que regula el denominado delito medioambiental. Hernández cita el texto en el que se recoge que será castigada con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses [...] quien provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, [...] que cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del suelo, o a animales o plantas.
Asimismo, el punto dos de este artículo aborda que si las anteriores conductas pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, así como multas.
Dos aspectos que para Hernández, como abogado medioambiental, se produjeron en las Dunas al entrar un grupo de personas con sachos y palas en busca del dinero, pues se trata de una reserva natural en la que, además, se encuentran especies como los balancones - arbustos característicos de las Dunas -, que “fijan el espacio y sirven de refugio para reptiles”, entre otros aspectos. No obstante, el final de esta historia ha sido distinto tras el resultado del informe de los agentes del Cabildo de Gran Canaria.