El Ayuntamiento de Mogán ha ganado una importante batalla legal contra el Cabildo de Gran Canaria tras la decisión judicial de revocar su exclusión del reparto de los fondos Fdcan.
En una sentencia emitida el 30 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, dirigido por el magistrado Ángel Teba, calificó de “antijurídica” la decisión del Cabildo de excluir al municipio de Mogán en la segunda convocatoria de estos fondos, que se destinan al desarrollo de Canarias.
Segunda convocatoria
El conflicto surgió cuando el Cabildo, en la segunda convocatoria de fondos Fdcan para 2023-2027, no invitó a Mogán a participar en el proceso.
Según la sentencia, este proceder quebró el principio de igualdad y constituyó una discriminación hacia la corporación local, que había mostrado interés en presentar un proyecto financiable con dichos fondos.
Cambio de reglas
En la primera convocatoria de los fondos Fdcan, los ayuntamientos tenían la opción de presentar proyectos individualmente. Sin embargo, en la segunda ronda, solo los cabildos podían solicitar la participación, lo que hacía imprescindible una invitación formal a Mogán para integrarse en el proyecto.
A diferencia de la primera convocatoria, el Cabildo no contactó al Ayuntamiento de Mogán, excluyéndolo del proceso y beneficiando a los municipios que ya habían participado en la primera fase.
Voluntad de excluir
El juez Teba señala que el Ayuntamiento de Mogán fue “privado de información sensible” para poder participar, indicando que la actuación del Cabildo mostró una “clara intención de contar solo con los municipios que colaboraron en la primera convocatoria”.
Además, la sentencia considera que la exclusión de Mogán obedece a un “criterio político” sin respaldo en las directrices del Gobierno autonómico para la asignación de los fondos Fdcan.
Daños y perjuicios
Con este fallo a su favor, el Ayuntamiento de Mogán podrá reclamar compensaciones por los daños ocasionados debido a su exclusión de la segunda convocatoria.
La sentencia también deja abierta la posibilidad de que el Cabildo presente un recurso de apelación, que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un plazo de 15 días.