Gran Canaria aplicará el 'céntimo forestal' para "aumentar la posibilidad de lucha contra incendios"

La medida tiene como objetivo reforzar los recursos destinados a la prevención de incendios forestales y la conservación del medio natural

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Antonio Morales conversa con pastores en una zona rural de Gran Canaria./ CEDIDA
Antonio Morales conversa con pastores en una zona rural de Gran Canaria./ CEDIDA

El Cabildo de Gran Canaria implementará el ‘céntimo forestal’, un nuevo impuesto destinado a la protección de la masa forestal del archipiélago, financiado a partir de un recargo sobre el combustible repostado en las gasolineras.

La medida tiene como objetivo reforzar los recursos destinados a la prevención de incendios forestales y la conservación del medio natural. El presidente insular, Antonio Morales, destacó que esta iniciativa "aumenta las posibilidades de lucha contra los incendios y de protección del medio ambiente".

Este paso sigue el anuncio del Gobierno de Canarias sobre la entrada en vigor de la medida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025. Según el plan, los cabildos gestionarán y recaudarán dos céntimos por cada litro de hidrocarburo, generando un fondo común para la protección forestal y la prevención de la desertificación, todo en el contexto de la mitigación del cambio climático.

No afectará al transporte discrecional

Morales señaló que esta medida no afectará al transporte discrecional, que ya cuenta con subvenciones, y explicó que Gran Canaria y Tenerife serán las principales beneficiarias, debido a su capacidad económica para aplicarla.

El presidente añadió que, aunque el Cabildo de Gran Canaria ya implementa un sistema similar, el nuevo impuesto ofrecerá recursos adicionales. Actualmente, los fondos se destinan a políticas de reforestación y a proyectos como el "Gran Canaria Mosaico", que incluye la colaboración de pastores para prevenir incendios mediante el pastoreo controlado de ovejas y cabras.

El marco legal para el ‘céntimo forestal’ será respaldado por un decreto que regulará su aplicación y se vinculará a la Ley del Suelo, para asegurar la correcta financiación de los servicios medioambientales en las Islas.

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