El Senado apoya tramitar una Ley que multe la morosidad empresarial

La iniciativa consiste en un sistema de sanciones y multas por incumplir los plazos de pago legales entre empresas privadas y la administración

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Todos los partidos políticos del Senado, a excepción de Unidos Podemos que se ha abstenido, han aprobado hoy tramitar una ley que impulse un sistema de sanciones y multas por incumplir los plazos de pago legales entre empresas privadas y con la administración.

El Pleno del Senado ha debatido una proposición de ley del PDeCAT que ha salido adelante con 223 votos a favor (PP, PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Cs y Foro Asturias, entre otros del Grupo Mixto) y 18 abstenciones procedentes de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Multas
La iniciativa solicita multas de entre 30.001 euros y 900.000 para las infracciones muy graves, de entre 6.000 y 30.000 para las graves y de hasta 6.000 euros para las infracciones leves. Las calificadas como graves serían aquellas que excedan en más de 20 días del plazo de pago legal o que incumplan los plazos y superen los 5.000 euros, al tiempo que las muy graves son impagos por operaciones comerciales que superen los 60.000 euros. 

El PDeCAT pide que las sanciones sean competencia de las Comunidades Autónomas.

El senador de la formación catalana Josep Lluís Cleries ha incidido en que muchas grandes empresas "se aprovechan de su posición" para incumplir los pagos y ha señalado que la morosidad de las empresas del IBEX alcanza los 54.110 millones de euros, según los balances de la CNMV y que algunos sectores como el del comercio y los servicios pagan por encima de los 250 días. Además, ha recalcado que la legislación española debe modernizarse y homologarse con la europea. 

El senador del grupo del PP, Guillermo Martínez, ha apoyado esta proposición de ley pero ha advertido de que las sanciones deben ser graduales y tampoco se ha mostrado a favor de que la competencia la tengan las comunidades autónomas.

Ha recordado que los plazos de pago son diferentes entre autonomías, con lo que se podría dar la paradoja de que una empresa fuera sancionada en una región por un incumplir un plazo de pago que es menor que en otra comunidad.

Desde el grupo parlamentario del PSOE, la senadora Riansares Serrano ha señalado que las sanciones son un instrumento disuasorio y ha recordado que la Comisión Europea ya ha urgido a España para que pague en 30 días desde la recepción de la factura. 


La iniciativa solicita multas de entre 30.001 euros y 900.000 para las infracciones muy graves, de entre 6.000 y 30.000 para las graves y de hasta 6.000 euros para las infracciones leves. 

Serrano ha pedido una ley con medidas que verifiquen los plazos e impulsen la transparencia sobre todo en el caso de la administraciones, al tiempo que ha abogado por códigos de buena certificación de pago que premie a las empresas cumplidoras. 

La senadora de Unidos Podemos Celia Cánovas ha argumentado la abstención de su formación porque la iniciativa del PDeCAT es menos concreta que la que también se ha aprobado en el Congreso, donde han votado a favor, y ha criticado que no contemple una garantía para que el procedimiento sancionador tenga efectividad.

Ha lamentado que no se propongan multas diferenciadas para las pymes o para las grandes empresas y ha dudado de que la mayoría absoluta del PP en el Senado pretenda apoyar una ley que luego no incluya un organismo independiente que vigile los plazos.

El senador de ERC Joaquim Ayats ha dicho que el problema de la morosidad está "cronificado" y ha afirmado que la actual ley "ni vigila ni sanciona", mientras la senadora del PNV María Dolores Etxano ha dicho que las multas son la manera de que los incumplimientos "no resulten baratos" y la senadora de Foro Asturias Rosa María Domínguez ha apoyado también un sistema arbitral de morosidad.













La ponencia de la proposición de Ley será tramitada conjuntamente con la que iniciativa de Ciudadanos que también fue tomada en consideración la semana pasada.