El Gobierno español aplica el 155: decide cesar a Puigdemont y convocar comicios

El Gobierno español propuso hoy el cese del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todos sus consejeros y convocar elecciones autonómicas en el plazo máximo de seis meses en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en esa región autónoma.

El Consejo de Ministros acordó este sábado una serie de medidas, que deberá autorizar el Senado, para asumir el ejercicio de funciones en Cataluña y restablecer el orden constitucional frente a la "desobediencia rebelde" de los gobernantes catalanes, que iniciaron un proceso de independencia. La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña para convocar elecciones corresponderá a Rajoy, quien espera que esto sea posible en cuanto se recupere la normalidad.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado prepara una querella por un delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que el responsable del Gobierno catalán lleve a cabo una declaración unilateral de independencia. Fuentes de la Fiscalía han indicado a Efe que el órgano trabaja desde hace semanas en la elaboración de la querella por rebelión, un delito que el Código Penal castiga con hasta treinta años de prisión.

El Ejecutivo central acordó aplicar las previsiones de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes. El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.

En rueda de prensa, Rajoy argumentó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.

El ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno español, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros del Ejecutivo central. Todos los departamentos están afectados, entre ellos vicepresidencia, Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.

Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de Cataluña ni pueda celebrar el debate y votación para su investidura mientras estén vigentes las medidas propuestas. El Parlamento catalán tampoco podrá tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer el derecho de veto sobre las decisiones de la cámara catalana.

Según Rajoy, no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el "inaceptable" órdago secesionista de las autoridades de Cataluña. Así, España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.

El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional. El Ejecutivo envió un requerimiento a Puigdemont para que cumpla la legalidad constitucional y lo instó a exponer sus propuestas y dialogar en el Parlamento español.

Querella de la Fiscalía
El presidente de la Generalitat aseguró en una carta remitida el pasado lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si el Ejecutivo persistía "en impedir el diálogo y continuar la represión" el parlamento catalán "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10". Con la querella ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirían con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley.

No obstante, según apuntan fuentes jurídicas, la querella se remitiría con toda probabilidad al Tribunal Supremo, en el caso de que el ministerio público considere que los hechos atribuidos a Puigdemont afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

Otra de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat e incluso su posible cese como diputado del Parlament, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista.

La malversación es el único de esos tres delitos castigado con penas de prisión -hasta ocho años-, ya que tanto la prevaricación como la desobediencia solo llevan aparejados condenas de inhabilitación. Asimismo, el delito de rebelión, que persigue a los que "se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30.