Montoro: "Ningún funcionario incumplirá la Ley el 1-O"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado este jueves convencido, tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas de continuar con el juicio contable al expresident Artur Mas por el 9N, de que ningún funcionario incumplirá la ley en el referéndum anunciado para el 1 de octubre. 

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa posterior a la reunión que se ha celebradoen el Ministerio de Hacienda, que ha congregado al propio Montoro y a su equipo con representantes del Gobierno vasco para aprobar la actualización de la Ley de Cupo y las modificaciones del Concierto Económico.

"La actuación del Tribunal de Cuentas se enmarca en lo que "cualquier funcionario público debería hacer, ya que no debería llevarse a cabo ninguna actividad presupuestaria que no sea legal"

Para el titular de Hacienda, la actuación del Tribunal de Cuentas se enmarca en lo que "cualquier funcionario público debería hacer", ya que no debería llevarse a cabo ninguna actividad presupuestaria "que no sea legal". "El deber es cumplir con la ley, no estar en contra de ella porque se sufrirían las consecuencias", ha subrayado tras recalcar que la consulta ciudadana de 2014 realizada en Cataluña fue "previamente declarada ilegal". 

Asimismo, Montoro ha tildado la demanda independentista de Cataluña como un desafío "secesionista" y "radicalizado" que "no tiene sentido", y por ello, lo ha diferenciado del clima de acuerdo alcanzado en la reunión de esta tarde con el Gobierno vasco.

Investigación
El Tribunal de Cuentas ha emitido hoy un auto con el que anuncia su determinación de designar a un delegado instructor que investigue a Artur Mas y a varios conseller de su entonces gobierno. El órgano fiscalizador ha iniciado un procedimiento contra los exmandatarios catalanes acerca de los gastos públicos que presuntamente autorizaron para llevar a cabo la consulta del 9N. 

En ella, han participado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, el consejero de Hacienda de Euskadi, Pedro Azpiazu, y los diputados generales de las Diputaciones Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, junto a los que Montoro ha firmado los acuerdos provisionales que se establecieron entre el Gobierno central y el autonómico el pasado mes de mayo.