El Estado aboga por la convivencia democrática, pero una "línea roja" al referéndum

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado la disposición del Gobierno a dialogar sobre "todo lo que permita una convivencia democrática entre los españoles", incluso de "reformar la Constitución", pero con una "línea roja": la celebración de un referéndum unilateral.

 

"Un referéndum en el que solo participa una parte de la población es contrario a los valores democráticos. Eso no existe en ninguna Constitución occidental", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser.

Por ello, ha explicado, se trata de "una línea roja, pero no para el PP, para cualquier demócrata porque lo que queramos ser en el futuro en España lo decidiremos entre todos, no lo van a decidir unos pocos frente a la mayoría de españoles".

En ese contexto, ha mostrado la disposición del Gobierno "a hablar de todo lo que permita una convivencia democrática entre los españoles, el desarrollo social, del bienestar, de los derechos de los españoles dentro de nuestra Constitución, incluso de hablar de reformar la Constitución, siempre con el consenso y las mayorías que esto requiere".

14 personas, la mayoría altos cargos del Gobierno catalán, han sido detenidas por el referéndum del 1 de octubre https://t.co/XeAwMwXZAy

"Hemos reconocido desde el primer día el conflicto social y político que hay detrás de esta cuestión y por tanto la necesidad de buscar cauces para dar salida a esta situación. Desde el primer día hemos dialogado, hemos tendido puentes sobre la constitución y la ley; ningún gobierno dialoga para incumplir las leyes", ha advertido Catalá, al insistir en que el Gobierno está "desde el primer día con la mano tendida".

En cuanto a la posibilidad de que se haya impedido el 1-O con las operaciones policiales de los últimos días, el ministro ha admitido que no se puede asegurar que se haya desmantelado "completamente" la infraestructura, pero está convencido de que la actuación de la Justicia ha permitido la incautación de "muchos elementos" para evitar que se celebre "ese referéndum ilegal".

A la pregunta de si se habían encontrado ya las urnas, ha dicho que se desconoce incluso "si existen esas urnas".

"Yo confío plenamente en la actuación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y si esas urnas existiesen las tendrían localizadas y las incautarían; quizá es que no existen simplemente", ha planteado.

Ha negado también que el Gobierno conociera las detenciones de ayer antes de que se produjesen y que cuando le preguntaron en los pasillos del Congreso no sabía de que se trataba.

Respecto a que no se haya detenido al principal responsable catalán del área de Economía, Oriol Junqueras, y sí a sus directos colaboradores, Catalá cree que se debe a que los papeles, que han dado pie a esta investigación del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, "los suelen firmar los niveles intermedios en la administración".

"No conozco la investigación, pero imagino que lo que ha identificado el juez son actuaciones materiales, contratos, encargos...", ha expuesto.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a hacer "una reflexión muy profunda y muy sincera", no obcecarse en su error y no escudarse en sus seguidores que pueda sacar a la calle.

Sáenz de Santamaría
Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas en un acto presidido por los Reyes con motivo del 15 aniversario del Grupo Vocento, ha recalcado que "es momento para la reflexión, no para obcecarse", y ha lamentado que Puigdemont fuera ayer "un presidente obcecado en sostenella y no enmendalla". 

Para la vicepresidenta, los gobernantes de la Generalitat tienen que reflexionar para ser sinceros consigo mismos y con sus seguidores.

"Les pido que no se escuden en los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten a la democracia, a los catalanes que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando", ha añadido.

En esa línea, ha considerado que los dirigentes de la Generalitat "tienen la oportunidad de pensar en Cataluña, en que la gente merece vivir en paz y con tranquilidad, en que no van a ningún sitio" y no pueden, con su postura de "lanzarse al abismo", generar intranquilidad y zozobra.

Ha pedido igualmente a Puigdemont que no se encierre en sí mismo, que no escuche exclusivamente a los suyos y que no piense que los que le jalean en las calles es el pueblo de Cataluña.

"El pueblo de Cataluña es muy grande -ha precisado- y la democracia española es una democracia firme y serena".

Sáenz de Santamaría ha señalado que la democracia se defiende en las instituciones y que el Gobierno está defendiendo los derechos de todos los catalanes.

Ante el acoso a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la vicepresidenta ha lamentado que un día se amenace a estas personas y otro a los alcaldes, concejales, periodistas o policías locales.

Ha advertido de que cuando se actúa de esa forma, se está transmitiendo un mensaje de coacción a la ciudadanía y Cataluña no se merece una situación de vulneración sistemática de los derechos de los ciudadanos.

Delito de sedición

La Guardia Civil atribuye un delito de sedición, además de los de malversación, prevaricación y desobediencia, a las 14 personas que detuvo ayer en la operación ordenada por un juez de instrucción por los preparativos del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Según han informado fuentes judiciales, en las órdenes por las que ayer fueron detenidos los responsables de los preparativos del referéndum el instituto armado incluyó el delito de sedición, que se suma a los otros tres que les imputa el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en la causa. 

La sedición, que el Código Penal incluye entre los delitos contra el orden público, castiga a las personas que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". 

Por el momento, el juez de instrucción que dirige la causa -a raíz de una denuncia por las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal de que el Govern tenía una partida "camuflada" de 400 millones para organizar el 1-O- mantiene a una veintena de personas investigadas, inicialmente por los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. 

No obstante, será el magistrado quien concrete los delitos que finalmente imputa a los investigados por los preparativos del 1-O en futuros trámites del proceso judicial, que desde hace meses está bajo secreto de sumario. 

La Guardia Civil detuvo ayer a 14 personas, entre ellas altos cargos del Govern claves en la organización del referéndum, tres de los cuales quedaron en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando los cite, tras negarse a declarar ante el instituto armado