el alcalde de La Paz, Luis Revilla | EFE

El rechazo a juzgar la quema de decenas de buses genera polémica en La Paz

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La Fiscalía de Bolivia rechazó una denuncia por la quema de 66 buses municipales en La Paz durante la crisis política y social del año pasado, algo que provocó la molestia de la Alcaldía, que calificó el hecho como "inadmisible".

"No puede ser que delincuentes queden en la impunidad simplemente por razones o favores políticos", declaró este jueves a los medios el alcalde paceño, Luis Revilla.

El alto funcionario anunció para los siguientes días que convocará a una gran asamblea ciudadana para definir acciones ante la posición de la Fiscalía y que podría implicar "reabrir otro juicio" en caso de que sea necesario.

Revilla catalogó como "inadmisible" lo que calificó como una "negligencia de la Fiscalía" en el caso abierto contra algunos dirigentes políticos y sindicalistas del transporte, que está a punto de cerrarse.

El alcalde recriminó que pese a haber testimonios y "horas de grabaciones" de la quema de decenas de buses Pumakatari, como se les conoce porque su emblema es un puma con cuerpo de serpiente, katari en aimara, la Fiscalía no haya realizado peritajes ni tampoco haya llamado a declarar a todas las personas demandadas.

"Todo pareciera quedar en nada, porque no se hacen las tareas que se tienen que hacer cuando debe haber una investigación tan responsable y seria", manifestó Revilla.

Tras conocerse del rechazo de la denuncia de parte de la Fiscalía, la Alcaldía de La Paz puso una objeción a esa determinación, dijo más temprano en una rueda de prensa el secretario ejecutivo del municipio, Álvaro Blondel.

Los hechos sucedieron en la noche 10 de noviembre del año pasado, cuando tras las celebraciones por la renuncia de Evo Morales, quien denunció que fue derrocado por un golpe de Estado, se desató una ola de violencia en medio de un vacío de poder.

Una turba de unas 300 personas destrozó 66 autobuses municipales, 64 de ellos incendiados, además de los garajes donde se guardan los Pumakatari, que son un símbolo de la ciudad y la principal obra del alcalde Revilla, opositor a Morales.

El mencionado incidente conllevó un daño económico de más de 10 millones de dólares y la práctica paralización del servicio municipal de autobuses durante meses.

Una de las primeras acciones de la Justicia fue aplicar la detención preventiva contra el dirigente vecinal Jesús Vera y dos líderes de los sindicatos de transportistas, afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, que tras unos meses en prisión fueron liberados.

Vera, un férreo opositor a Revilla que fue candidato a diputado por el MAS en los frustrado comicios de 2019, recientemente aseguró que lo que sucedió aquella vez fue un supuesto "autoatentado", una versión que sostuvo por primera vez más de un año después.

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