Un grupo de okupas en el sur de Tenerife | AH

El Gobierno pide diferenciar entre la ocupación de casas por mafia o por pobreza

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El consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que es preciso diferenciar si la ocupación de casas se lleva a cabo por la actuación de una mafia o por necesidad y pobreza.

Pérez ha recordado que en la actualidad los jueces pueden ordenar un desalojo desde que llega la motivación del mismo y se han impartido instrucciones para que los policías puedan llevarlo a cabo si el delito es flagrante, que lo es si hay un aviso mediante alarma, ha recalcado.

Lo primero es saber qué pasa y diferenciar la pobreza del crimen, ha manifestado Julio Pérez, quien antes había dicho que el Gobierno canario tiene estrategias para actuar, como son la construcción de viviendas y la generación de mecanismos de alojamiento alternativo inmediato para personas desalojadas.

Julio Pérez ha reconocido que hace más de quince años que en Canarias no se construyen viviendas públicas y ha detallado que el parque público de las islas lo forman unas 19.000 viviendas, y la situación es que hay 101 ocupaciones, 75 de ellas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

 

 

Ocupación de casas en Canarias

Las ocupaciones en Canarias se producen principalmente en las dos capitales del archipiélago y en los municipios turísticos de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Arona (Tenerife).

La diputada del grupo Popular Astrid Pérez ha advertido de que su partido no estará al lado de los delincuentes, como ha asegurado que hacen otras formaciones políticas, y ha subrayado que Canarias es la tercera comunidad autónoma en la que más han aumentado las ocupaciones ilegales, el 14,8 por ciento respecto de 2019.

El consejero ha replicado que sus datos son otros, pero ha reconocido que el problema es que haya ocupaciones ilegales por parte de la delincuencia, al tiempo que ha comentado que en las islas el número de actuaciones policiales es superior al de las judiciales, lo que significaría que muchas intervenciones se resuelven con rapidez, sin intervenir los juzgados.

Astrid Pérez ha diferenciado entre la ocupación que realizan las mafias para obtener beneficios de la que ha surgido como consecuencia de la crisis económica de las familias, y ha reconocido que la lucha contra la ocupación ilegal requiere de reformas legislativas que competen a la Administración central, y políticas autonómicas que promuevan la construcción de viviendas públicas.

La diputada del PP ha estimado que las modificaciones legales son esenciales pero cree que es preciso acompañarlas de viviendas para familias sin recursos.

Pérez ve escandaloso que en Canarias haya 17.023 personas demandantes de vivienda y por ello ha dicho que es vital que se construyan inmuebles.

hospiten1350oct2020

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