El Gobierno permitirá a los trabajadores en ERTE acceder a cursos de formación

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El Gobierno ha aprobado una orden para permitir a los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) acceder a cursos de formación tanto para empleados como para desempleados y serán considerados colectivo prioritario para el acceso a las distintas iniciativas formativas.

El Ministerio de Trabajo ha aprobado una orden ministerial, que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se permite el acceso a programas de formación a los trabajadores en ERTE, ya sea de suspensión o de reducción de jornada, o motivado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

En concreto, podrán acceder como cualquier otro trabajador en activo a la formación programada por sus empresas o a cualquier oferta formativa para trabajadores, en cualquier programa de formación, con independencia del tipo y ámbito sectorial del mismo.

También se les permitirá participar en la oferta formativa para desempleados, para lo que no computarán como personas ocupadas (puesto que mantienen vigente su relación laboral con sus empresas) a efectos del límite de participación en estos cursos para parados que establece la ley.

Cuantía de las becas

Esta orden, que entra en vigor mañana, regula también la cuantía de la beca que perciben las personas desempleadas que participan en los programas públicos de empleo y formación y establece una ayuda máxima de 1,5 euros por día de asistencia a los cursos a los desempleados que utilicen la red de transporte público.

Esta norma persigue "aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad" de los trabajadores en ERTE, ya que la normativa actual no siempre contempla su posibilidad de participación en las distintas iniciativas o establece límites a dicha participación, lo que dificulta o impide el acceso a un colectivo que especialmente requiere de las mismas.

Por ello, el Ministerio de Trabajo ha considerado preciso adaptar y flexibilizar la regulación de las distintas iniciativas de formación profesional para el empleo, tanto respecto de la oferta formativa de las Administraciones Públicas para trabajadores ocupados y desempleados.

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