El Gobierno de Canarias quiere evitar la inseguridad jurídica del alquiler vacacional

"La necesidad de intentar evitar inseguridad jurídica mientras no se ordenen adecuadamente los diferentes modelos de explotación turística...". Conoce todos los datos.

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El Gobierno de Canarias ha anunciado que recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia contra su decreto de 2015 que regula el alquiler vacacional, al considerar que el dictamen "conduce a un fallo anulatorio que no se ajusta plenamente a derecho".

Así lo han recomendado los servicios jurídicos de la comunidad autónoma tras estudiar esta sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia a instancias de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y la Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia, informa en un comunicado la Consejería de Turismo.

Entre los argumentos que han dado lugar a esta recomendación está "la necesidad de intentar evitar inseguridad jurídica mientras no se ordenen adecuadamente los diferentes modelos de explotación turística que eviten competencia desleal en el sector".

La nota recuerda que Canarias tiene la competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en su ámbito territorial y ejerce la potestad legislativa, tanto desde el punto de vista de la actividad como de los establecimientos donde se desarrolla esta se desarrolla, para regular la oferta turística concibiendo al archipiélago como una "unidad de destino turístico".

Las razones que pone el ejecutivo

Para la administración autonómica, las razones generales que deben prevalecer a la hora de definir su modelo turístico se refieren a la fragilidad del territorio, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, la seguridad pública, íntimamente ligada a la capacidad de carga en cada una de sus zonas, y la protección de los derechos de los consumidores.

"La necesidad de garantizar el desarrollo turístico obliga a matizar el razonamiento del TSJC, que conduce a la más amplia liberalización de la actividad de vivienda vacacional, pudiéndose implantar, sin límites, en cualquier parte del territorio de Canarias", agrega la nota.

El Gobierno de Canarias asegura que ha tratado, sin éxito hasta el momento, de consensuar con los agentes turísticos "mejoras en el decreto que, asumidas por todas las partes, evitaran la sucesión de demandas y recursos".

En cualquier caso, el Ejecutivo regional garantiza que "seguirá tratando de lograr acuerdos que salven las principales discrepancias y permitan consolidar un modelo turístico sostenible y de calidad", para lo que convocará de manera inmediata cuantas reuniones sean necesarias para ello.

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Zona turística de apartamentos y viviendas de Tenerife | IMAGEN DE LA RED



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